CÁDIZ, 1812-2012: REFLEXIONES PARA UN BICENTENARIO

CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ, 1812-2012: REFLEXIONES PARA UN BICENTENARIO

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Portada y primera página de la Constitución de Cádiz, 1812.

Faustino Martínez Martínez

Dpto. Historia del Derecho y de las Instituciones

Facultad de Derecho. Universidad Complutense, Madrid.

 

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que hay dos visiones irreconciliables que atrapan entre sus redes a todo historiador: la del pasado que se trata de estudiar y la del presente desde donde se investiga. Se puede decir así que hay una Constitución de Cádiz de 1812, datada en tal fecha concreta, y otras, muchas, varias Constituciones de Cádiz interpretables, que se han ido leyendo y esbozando a lo largo de los siglos XIX, XX y ahora XXI. Hay una Constitución de Cádiz de la que nos hablan los diputados y personajes públicos doceañistas en sus textos, y hay otras Constituciones de Cádiz que parten de aquélla, se desenvuelven en lecturas singulares, partidistas y parciales, para llegar a otros destinos contemporáneos que no han de coincidir con el espíritu de esa carta magna aludida. Es preciso romper con la labor de intermediación protagónica que ciertos investigadores han venido desarrollando con sus construcciones y con sus exégesis, luego materializadas en discursos de varia orientación, dirigidos siempre a justificar presentes a partir de pasados, es decir, a anticipar soluciones constitucionales hodiernas en tiempos preconstitucionales, a proyectar hacia épocas pretéritas lo que son creaciones típicamente contemporáneas, tratando de conseguir mayores dosis de legitimidad a través del recurso al tiempo. Nuestra labor no es participar en y del legado gaditano, no es inmiscuirnos en su formación y desarrollo, ni reproducir los debates o las polémicas más significativas tomando partido por unos u otros; tampoco conectar ese pasado con el presente, sino observarlo, analizarlo, comprenderlo e imbricarlo en su correspondiente instante, que es donde tiene que estar y es donde ha de ser verdaderamente comprendido en su más estricta pureza. Cádiz es un mundo del pasado que ya no está y que ya no es para nosotros, que no tiene existencia más que como sencilla efemérides. Debe ser captado de acuerdo con su propia cultura constitucional y no de acuerdo con la cultura constitucional que aparecerá tiempo después. Debemos recordarlo y debemos recordarlo tal y como se produjo en la medida en que los testimonios lo permitan. A ese pasado, pues, es al que hay que volver si se quiere entender lo que allí sucedió entre 1810 y 1812.

Basta abrir cualquier ejemplar de la Constitución de Cádiz para comprobar que nos hallamos ante un Constitución Política de la Monarquía Española. El simple título ya nos da muchas pistas acerca del destino que ha de impulsar la investigación. Constitución política significa, en el lenguaje de la época, que no es la única forma o manera bajo la cual se presenta un texto constitucional en ese tiempo dado. El adjetivo calificativo es algo más; se eleva por encima de cualquier mera descripción y tiene carácter definidor de la esencia de aquel sustantivo al que acompaña de modo inescindible. Hay una Constitución que se dice política, vinculada a la libertad que así se califica, de lo que se infiere que hay otra suerte de Constituciones al margen de ésta (militar, fiscal, eclesiástica, etc.), las cuales, en principio, quedan excluidas de la dinámica que el texto gaditano dice encarnar y quiere dirigir. Su objeto no es lo político y, dentro de este contexto, tampoco la libertad política, materia principal que se trata de asegurar en primera instancia a través de la Constitución misma así calificada. Ése es su cometido primigenio. Garantizar la libertad política y fortalecerla por vías constitucionales. Luego vendrá asimismo la libertad civil de los individuos que forman la Nación, pero lo primero, lo que ha de construirse o reconstruirse en lugar preeminente es el edificio político, con sus poderes o potestades, con su moderación gubernativa, con su felicidad pública como objetivo de toda acción del poder, con los deberes de los ciudadanos antes que con sus derechos, con la obediencia, la sujeción, el sometimiento. Todo esto forma la base esencial, el esquema monárquico-nacional para que la libertad política sea recuperada tras años de olvido y desprecio, y sea asegurada de cara al futuro. En el fondo de todo esto, la Nación, antes que el individuo, está esperando la rehabilitación de este cauce de relaciones de dominación que implica aquella libertad que alumbra el arranque de la Constitución. Y la Nación acaba por comparecer con ciertas notas definitorias. La libertad la vuelve a edificar con solidez, apuntalamientos y ajustes mínimos. Esta tal libertad concebida en términos hispánicos, esto es, en términos católicos, que suponen el seguimiento, la aceptación y el acatamiento incondicionados de todos aquellos mandatos expedidos por una autoridad soberana debidamente formada y potencialmente legítima dentro de los cauces éticos (religiosos, esto es, católicos) que sirven de fundamento a todo el edificio público, supone la articulación de un aparato complejo de poderes, derechos y deberes que responde a unas exigencias concretas, a una visión muy singular de tal libertad, ligada más a las concepciones teológicas de los tiempos preconstitucionales que a los espacios individuales abiertos y generales que supone la libertad en su moderna acepción ya definitivamente constitucional. Los artículos 13 y 14 de la Constitución serán claros en este sentido y dan la clave de aquello que se quiere reconstruir de modo sucesivo: felicidad de la Nación, bienestar de los individuos que la componen y Monarquía moderada, como culminación política de todo esto y garantía final de la efectividad de tal libertad. De la Nación, pasando por los individuos, hasta llegar a la forma de poder solidificada. El adjetivo, por ende, no califica sin más al sustantivo, sino que desempeña una labor más profunda: introduce unas coordenadas públicas de deber, de obediencia, de sumisión, de sometimiento, por donde va a fluir la vida constitucional futura, todo ello de acuerdo con el camino recto por el que había venido discurriendo la vida constitucional pasada o por el que debería haber transitado aquélla. Eludiendo abstracciones, el objeto que se persigue no es la libertad etérea, la libertad sin más, incondicionada, sola y pura, sino una cúmulo de libertades específicas, varias de ellas en formas dispares, articuladas en torno a y presididas por la noción capital de libertad política que es la única capaz de tutelar efectivamente a la Nación y, tras ella, a los individuos que la componen, una libertad dirigida a asegurar los fundamentos de la Monarquía Nacional que presidía todo el diseño constitucional antes que a asegurar espacios de inmunidad para todos y cada uno de los ciudadanos. La libertad política es fuente de las restantes libertades, pero no es individual, sino nacional (al menos, en primera instancia), y no es natural, sino histórica. Una libertad, en suma, al servicio del poder, no al servicio del individuo ciudadano o súbdito. La libertad católica se centra en o pivota sobre la cuestión de la aceptación de lo que dice la autoridad legítimamente constituida antes que en la libertad misma: es la facultad para obedecer o para desobedecer, para hacer lo que es justo, de conformidad con el libre albedrío, pero siempre en el marco de unos cauces institucionales previos que acaban por condicionarla de modo extremo. La Constitución – y para ello basta leer los arts. 4, 6, 7, 8 y 9, con extensión al art. 366 – se plantean así en clave de deberes y no de derechos, en clave de obediencia y no de inmunidad y de exención, en clave – debemos repetirlo – de libertad antigua y no de libertad moderna. La singular lectura de la igualdad, mediatizada por unos códigos ansiados que no pasan de ser recopilaciones ancianas con mejor estilo, más perfectas y más completas, y un fuero único que brilla por su ausencia, además de corporaciones y gremios de todo tipo que no son erradicados del escenario social y político, tampoco ayudan a reforzar el carisma liberal del texto de 1812, ni mucho menos.

Pero es, leemos también, una Constitución protectora de la libertad política dirigida a un sujeto determinado y aquí es donde se halla un segundo componente relevante: la Monarquía Española (que no la Nación, que aparece, por tanto, subsumida en el conglomerado que aquélla, con el rey a la cabeza, implica: es una Monarquía de la Nación que, consecuentemente, ha de ser calificada como Nación monárquica sin ningún género de dudas). Esto nos coloca ante un espacio institucional y territorial complejo, compuesto, que es, al mismo tiempo, algo más que una forma de gobierno sempiterna, forjada en la Historia, indisponible por parte del común de los mortales, profundamente enraizada en el espíritu político de esos seres y de esas tierras. La Monarquía es más que eso, es más que el entrelazamiento tradicional de personas públicas y privadas, corporaciones, provincias y territorios alrededor del monarca: es la definición misma de la esencia política hispánica. Es su alma porque lo ha sido desde tiempos remotos. La Constitución lo es de la Monarquía porque esa Monarquía es la única forma constitucionalmente posible y viable a la vista del expediente histórico que España tiene tras de sí. La Constitución es, se puede concluir, la Monarquía misma y no puede ser de otra forma sin quebrar el tracto histórico y pervertir el espíritu de la comunidad política. Si se opta por otra forma política, España desaparecería como tal. Arrancaría la existencia de otra cosa diferente. Surgiría otro sujeto histórico ya no español, algo distinto y, como distinto, imprevisible, fuera de control, fuera de los cauces que la Historia ha trazado para delimitar las fronteras del poder político con ciertas dosis de regularidad, mesura y orden. Ésta es la parte basilar de la Constitución, sin la cual el texto mismo ni remotamente puede llegar a ser comprendido en su conjunto. Lo que se hace en Cádiz es un tipo de Constitución, dirigida a un sujeto concreto (la Monarquía). Pero, ¿qué Constitución aflora realmente en esos años? ¿Qué se discute? ¿Por qué se lucha exactamente, si es que se lucha por algo? Debemos mirar al inmediato pasado gaditano para comprender lo que allí se experimenta.

La clave esencial estriba en la perspectiva con la que se debe examinar el complejo material forjado entre 1810 y 1812, ese mundo del ayer que se evaporaba ante los ojos de los contemporáneos, que se desvanecía de modo evidente e irremisible para los coetáneos, quienes decidieron unir fuerzas para pactar una suerte de disolución ordenada y paulatina de lo pretérito, una continuidad agotada o en trance de estarlo, y así crear, idear o imaginar otro universo, para todo lo cual emplearon y ensamblaron muchas piezas, materiales, instrumentos y elementos tomados de ese mismo ayer que se estaba precipitando hacia su desaparición, es decir, que procedieron a construir un cosmos en apariencia nuevo a partir de los residuos, restos y reminiscencias que quedaban del antiguo, del único que conocían en profundidad, dando como producto algo que no puede ser calificado, en puridad, como una cosa, ni tampoco como la otra. Cádiz es un mundo exótico que se muestra ante nosotros como algo remoto, lejano, extraño: aparece un ser sin tiempo que tendría muchas dificultades para adscribirse a una era, la que se cerraba, o a otra, la que comenzaba a abrirse. El mundo gaditano gira en torno a esta singular dualidad de planos temporales que se acercan, se tocan, se distorsionan, y, en cierta medida, también se confunden. Pasado y presente se dan la mano porque el horizonte constitucional fue construido sin marcar cesuras con el pasado más inmediato o más remoto, sin cancelación alguna de ese pasado, sin ruptura con el mismo (lo acredita la inexistencia de alguna cláusula derogatoria en el texto doceañista, cláusula que cancelase el pasado de forma contundente), sino trabando un fructífero diálogo con aquél, invitándolo a incorporarse a la experiencia constitucional que, con nueva forma, método y sistema, comenzaba a caminar en septiembre de 1810. Toda la obra legislativa de Cádiz debe ser contemplada desde este prisma: pasado y presente imbricados, entroncados, fundidos, o confundidos, dando pie a una relación abierta y natural, cotidiana si se quiere, entre el hoy y el ayer, entre 1812 y los tiempos góticos, medievales, modernos o los inmediatamente anteriores del despotismo regio y, sobre todo, ministerial: el Derecho del pasado seguía siendo Derecho del presente. Las bases eran las mismas. Eso era lo usual. El ayer todavía era el hoy. Así funcionaba el orden jurídico del Derecho Común, es decir, un ordenamiento tradicional, teológico, jurisprudencial, abierto, plural, acumulativo y sedimentario, posibilista, tópico él mismo y lleno de tópicos.

Si no hay pasado, ni presente jurídicamente hablando, si todo el Derecho antiguo es y está al mismo tiempo, con independencia de la época de su gestación, si no se derogan piezas de este mosaico, sino que se prefieren o se superponen en algunos casos unas a otras, sin que esto llegue a conformar reglas generales o pautas universales de actuación, si nada se tira o se pierde en ese mundo jurídico, puesto que todo forma parte del mismo orden prescriptivo y acumulativo, de tipo tradicional y sedimentario (compuesto de varios elementos, ligados a una visión teológica del mundo que nunca llega a desaparecer), orden plural, con muchos componentes implicados, de textura abierta e incierta, sometido al cálculo de probabilidades aplicativas que determinen los juristas, los jueces o los reyes, si este orden descrito, repetimos, es el dominante en la España del Antiguo Régimen, no podemos, ni debemos bajo ningún concepto, contemplar la labor iniciada en 1810 con la óptica positivista, legalista y estatalista de lo que vino después, sino todo lo contrario. El paradigma legislativo puro y sus connotaciones adyacentes no nos sirven para operar en esta realidad opuesta. Hay que esforzarse en comprender lo que sucedía antes y ver cómo ese antes condicionó lo que se hizo ulteriormente. Si tenemos todo esto en cuenta (sobre todo, la falta de aislamiento entre pasado y presente, sino, antes bien, su coexistencia más o menos pacífica, la perduración de todo el orden jurídico y su recuperación por medio de la mejora o corrección del mismo, en una suerte de eterno-retorno jurídico), la visión de la Constitución de 1812 ha de cambiar de forma clara y notoria. No es un Constitución nueva la que allí se presenta. Es una Constitución antigua, histórica, tradicional, de raíces consuetudinarias en última instancia, construida con retales del pasado, con dispositivos e instituciones tomados del mundo pretérito que parecía disolverse. Una Constitución que carece de cláusula derogatoria porque no estaba en condiciones de, ni tenía el poder suficiente para cancelar el caudal histórico que la nutría y la definía. Lo que se hace – y así lo dicen sus protagonistas de modo reiterado y concluyente, especialmente en el célebre Discurso Preliminar elaborado por la Comisión constitucional que redacta el proyecto de Constitución en 1811 – es afirmar instituciones y leyes antiguas, recuperarlas, fortalecerlas, y asegurar la aplicación del modelo monárquico y católico que venía existiendo en España desde tiempos medievales, dándoles a todas ellas una nueva sistemática que facilitase su reconocimiento y evitara su posible ocultación o ambigüedad de cara al inmediato futuro. El pasado no sólo es fuente de poder y de institutos; es modelo de lo que se tiene que hacer para eludir los peligros de la degeneración que se había dado en tiempos modernos. Por eso, el pasado es útil: porque es fuente donde se encuentra todo lo que debe existir, y, al mismo tiempo, es enseñanza que previene frente a posibles desvíos. Las piezas varias que integran Cádiz no son invención de las Cortes, ni de sus diputados; son creación de la Historia, son piezas más o menos identificadas en el pasado y con el pasado, lo que conduce a Dios como depositario último de todas las esencias constitucionales primarias, como creador del marco político al que ahora sus criaturas están dando un nuevo orden. Pensemos en el inicio del texto gaditano que, empleando una fórmula de promulgación típica del Antiguo Régimen, habla de un rey, Fernando VII, que lo es por la gracia de Dios, antes que por la gracia de la Constitución, lo cual viene después, y la jerarquía no es pacífica, ni neutral, sino plena de significación jurídica y política: el rey es la máxima autoridad terrena, pero debe su poder indiscutiblemente a ese Dios todopoderoso, “Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad”. Por medio de la Historia, de la que bebe la Constitución, hemos llegado a la Teología que es la que funda el orden político-jurídico, el orden constitucional resultante, más que querido, aceptado por los hombres que integran la Nación y, con ella, la Monarquía. Es una suerte de canto del cisne del Antiguo Régimen, en donde ese modelo político obsoleto y criticado tiene la suficiente capacidad y el suficiente arrojo como para condicionar el resultado normativo producido con el propósito de hacer perdurar esquemas viejos envueltos aparentemente en nuevas palabras y en nuevos conceptos, que de inmediato se quieren envejecer por motivos pragmáticos y de legitimidad. En vano. Tales palabras y tales conceptos no innovan en absoluto, sino que se reconocen en lo pretérito. El orden jurídico del que se formaban parte no era algo monolítico, intocable, inmodificable e inmanejable. El Derecho del Antiguo Régimen procedía a evolucionar también, no obstante su origen divino, esto es, su perfección ínsita, a través de mecanismos internos de auto- o de regeneración, a partir de sus propios elementos consustanciales, que implicaban la suma, la adición, nunca la resta o la desaparición (salvo casos excepcionalmente justificados por causa de pública utilidad o de necesidad) de elementos jurídicos para que se imbricasen en el complejo orden coral ya construido. Todo estaba creado. Restaba al hombre simplemente el descubrimiento de ese Derecho, la mejora de esa creación divina, o bien la corrección de las impurezas que la actividad humana hubiera podido introducir en el plan de Dios. Así se efectúa en el proceso que conduce a Cádiz: de lo antiguo se pasa a lo antiguo mínimamente reformado, enmendado, corregido o mejorado, que aparenta ser nuevo, sin llegar a serlo en su totalidad. Lo pasado se somete a un proceso de recomposición. Nada se pierde en el camino; nada se omite; nada se destruye o se desecha; nada se cambia en lo sustancial. Todo permanece bajo otras palabras, bajo otras rúbricas o en otras sedes. Se refuerza, en todo caso, su existencia para, de esta forma, asegurar una persistencia que permita cumplir con el espíritu de los nuevos tiempos y evitar las derivas tiránicas de épocas anteriores. Y así se hace ciertamente, así se actúa. Recuperar y garantizar la pervivencia de lo recuperado. El pasado invade, pues, el presente de un modo indiscutible. No hay, por lado alguno, horizonte de expectativas o de futuro, sino espacios pretéritos de experiencia en la reconstrucción política perseguida.

Cádiz y su obra normativa, Constitución incluida, han sido contemplados desde el prisma distorsionador del romántico siglo XIX y desde la atalaya de los historiadores  y de la historiografía liberales. Estos investigadores, fieles a este adjetivo que los definía, querían ver en Cádiz el origen lógico del régimen en el que estaban viviendo, por lo que no dudaron en transformar el rotundo fracaso doceañista en exitoso y productivo mito revolucionario liberal. Al mismo tiempo, cargaban las tintas sobre el Antiguo Régimen, al que no dudaron en desdibujar hasta extremos grotescos que lo hacían de todo punto irreconocible, caricaturizándolo antes que describiéndolo. Ni la Constitución fue culminación liberal de nada, ni el Antiguo Régimen fue el caos despótico y arbitrario que nos quisieron hacer creer. Se quiso ver en Cádiz el manantial de la ideología que señoreó España la mayor parte del siglo XIX. Con esta óptica interesada y parcial, no sorprende que la mayor parte del credo liberal, moderado en su mayoría, pero también con incrustaciones progresistas y demócratas, fuese retrotraído a los inicios del siglo XIX como pieza integrante de un ideario primigenio que ya presentaba unos perfiles perfectamente definidos y consolidados en su primera manifestación escrita. En esta visión distorsionada, se halla el pecado de la precomprensión gaditana que lleva a tildarla como Constitución liberal y democrática, cuando sustantivo y adjetivos tienen difícil encaje y armonización en esos tiempos, en esas mentalidades y en esas latitudes. La Constitución aprobada el 19 de marzo de 1812, luego difundida, recibida y jurada en todos los territorios de la Monarquía Hispánica, es algo que difícilmente puede ser reputado como un texto auténticamente constitucional, revolucionariamente constitucional si se permite la expresión, bajo prisma moderno, en el sentido de ver en aquélla una norma escrita sólidamente racionalizada, fundada en una serie de valores procedentes de la naturaleza y formulados por medios racionales, valores abstractos que conformaban verdades evidentes por sí mismas, fruto real, efectivo e indiscutible de un poder constituyente que obrase como tal, con la más absoluta de las libertades a la hora de establecer un orden político que respondiese a las únicas orientaciones, expectativas y deseos de la Nación soberana que se hallaba en su base, sin coacciones, ni condicionantes o imposiciones de ninguna clase o medida, ni regios, ni históricos, ni religiosos, ni derivados de la tradición. No es así una Constitución moderna, si por tal entendemos una Constitución racional y normativa, fruto puro de la razón abstracta y con fuerza vinculante absoluta, derivada de la máxima expresión volitiva del sujeto que quiere crearla y que quiere darse, a través de ella, un orden político nuevo, libre, global, completo, sin ataduras. Frente a la Nación, naciente y libre, y a la Razón constitucionalizada, arquitecta del sistema en su conjunto y con amplias cotas de novedad, Cádiz opone Historia y Dios como poderosos y exclusivos factores constituyentes, derivados de un duro y rocoso caparazón católico que impedía difusiones más allá de sus fronteras, pero, al mismo tiempo, evitaba contaminaciones externas. Esto es: frente a un constituyente avant la lettre, se erige una Historia que lo es por encima de todas las cosas y una Divinidad que lo reclama para sí por su carácter indiscutiblemente necesario, nunca contingente. Y esto es así por el peso de la Ilustración hispánica (Jovellanos puede ser su paradigma), reformista antes que revolucionaria.

La mentalidad ilustrada suponía contemplar el pasado como tabla de salvación, como mito tangible donde todo se encontraba en perfecto estado y al que el paso del tiempo y ciertas traiciones a un espíritu nacional sempiterno habían corrompido, por lo que era precisa una labor de depuración y de limpieza en varios frentes (político, histórico, filológico, etc.), un proceso nunca constituyente, sino, a lo sumo, reconstituyente o reformista con mayores o menores intensidades, mas sin llegar a prescindir de los pilares esenciales sobre los que se había asentado todo cuanto éramos y todo cuanto teníamos que seguir siendo. Se buscaba, antes que nada, una regeneración de la Monarquía con todos los rasgos que la definían, una reparación, resurrección o refacción de la misma, pero sin que ésta fuese eliminada del panorama político-jurídico. La Monarquía tenía que ser recuperada en su versión más pura, para luego ser ajustada a los nuevos tiempos y apuntalada con dispositivos que asegurasen su pervivencia milenaria. Y con la Monarquía iban anexos toda una serie de elementos de ella derivados y con ella fuertemente integrados, indispensables para asentarla y asegurarla en el sentido indicado. Debemos, pues, ponernos la gafas de 1812 para observar con todo lujo de detalles lo que en esa fecha tan señalada se estaba pergeñando para el destino inminente de la Monarquía hispánica. Había un credo político común compartido por todos los prohombres y diputados gaditanos y sobre aquel corpus heteróclito iban a pensar el mundo constitucional que querían reinstaurar.

Si nos atenemos a las premisas expuestas con anterioridad, la novedad más relevante que se puede detectar es la ausencia de un autentico poder constituyente en las Cortes Generales y Extraordinarias, inauguradas en septiembre de 1810, como poder originario, ilimitado y autóctono residenciado en la Nación (sí lo está, por el contrario, en la Historia y, por extensión, en Dios como fundador de aquélla), de lo cual se deriva la imposibilidad de calificar a la Constitución de 1812 como auténtica Constitución moderna, consecuencia de la suma de varias imposibilidades. La imposibilidad, en primer lugar, de una Nación al estilo plenamente liberal (esa conjunción de ciudadanos libres e iguales, ese conglomerado preestatal dotado del poder irrestricto que comporta la soberanía para organizar cómo debería ser ese Estado, posterior y artificial: falta una sociedad civil plenamente libre, igual y democrática), que debe reducirse y contentarse a la presencia de una Nación al estilo literario del Antiguo Régimen, dominada por las elites religiosas, militares y jurídicas, es decir, una Nación que no es libre, ni igual, ni fundada en el valor capital del individuo, sino integrada por cuerpos ancianos, partes varias de un mapa político heterogéneo, con gremios y corporaciones que silenciaban a las personas, nunca compuesto de ciudadanos plenos, ausentes en las grandes decisiones que allí se adoptan. De ahí se sigue la imposibilidad de una auténtica soberanía nacional debido a lo anterior (esa Nación no lo puede todo porque es una entidad capitidisminuida en lo teórico y difícilmente rastreable en la realidad práctica de unas elecciones que ni fueron generales, ni incluso fueron elecciones, una Nación que no puede maximizar esa soberanía de la que se dice investida por causa de mediaciones históricas restrictivas), con la sombra omnipresente de ese monarca que subyace en cada una de las líneas de los debates y de los artículos constitucionales, lo cual nos conduce hacia una suerte de soberanía cooperativa, compartida, fragmentada, pero no a una soberanía exclusiva de la Nación. Finalmente, derivado de los dos puntos anteriores, la imposibilidad de una libertad absoluta de los diputados, derivada de las singulares formas de representación actuadas, para trazar el guión del futuro sin ataduras con el pasado y sin atreverse a romper con los legados más significativos que ese pasado traía consigo (algunos ya mencionados: la forma monárquica, los territorios, la religión católica, las Cortes mismas), dado que Cádiz no cancela para nada el pasado, sino que se apoya e impulsa en el mismo para conseguir sus propósitos. Es una Constitución que se redacta con las puertas abiertas al ayer y a todo lo que el ayer significaba, que no lo depura más que en mínimas fracciones, sino que, mayormente, lo constitucionaliza y lo incorpora a su articulado, con correcciones, mejoras y reformas mínimas, dirigidas a perpetuar ese legado pretérito por toda la eternidad, a hacerlo efectivo, vigente e inatacable para que pudiera superar crisis tan duras como las que se estaban viviendo desde marzo de 1808. Hay que mantener ese entramado de la Monarquía y no trastornarlo, ni alterarlo en la medida en que se pueda. Eso es lo que se hace desde 1810 y culmina en el mes de marzo de 1812. En ningún instante, como aconteció en Francia con la revolución, hay intento alguno por parte de los redactores de hacer tabla rasa del pasado, de erradicarlo, de enviarlo al pozo de la Historia, de enumerar todo aquello que ya no habría nunca más en España, de explicitar un efecto derogatorio que brilla por su ausencia y justifica lo que ahora diremos. No hay en el caso hispánico intención de marcar una cesura histórica con mayúsculas, de romper con el ayer: al contrario, todo lo que figura en el articulado o sus piezas más relevantes y esenciales (forma de gobierno, ciudadanía, religión, organización territorial, potestades, etc.) figura por el peso específico e indiscutible de la Historia a la que no se podía renunciar de ninguna de las maneras posibles, a la que no se podía combatir bajo el riesgo de dejar de ser todo aquello que históricamente había singularizado a España como Monarquía y como Nación. La Historia dicta el guión de la Constitución y ningún poder puede oponerse a la misma. El pasado es el que hace el presente y en él, en ese mundo remoto, se puede reconocer todo precepto constitucional. Es un espejo y es un modelo. Si España quería ser algo en esas horas inciertas de 1812, tenía que serlo con, desde y a partir de la Historia, nunca a sus espaldas, nunca jamás sin contar con ese flujo incesante procedente de tiempos remotos. Lo contrario habría supuesto el suicidio político como comunidad.

Sin poder constituyente, esto es, sin una Nación libre que decide ponerse en movimiento para articular la soberanía como depósito de todo el poder público concentrado y llevarla así a su máxima expresión, a su más alta capacidad de decisión, sin un poder capaz de actuar al margen o careciendo de vínculos imperativos y directos con el pasado más que aquellos que libremente se deciden asumir y conservar, sin un poder de esta naturaleza capaz de crear todo lo nuevo y de destruir todo lo antiguo, decíamos con anterioridad, no podremos encontrar resto alguno de Constitución por ninguna parte y en ninguna de las direcciones en las que nos movamos. La Constitución, en su acepción moderna, está ausente porque adolece del autor que toda Constitución ha de tener, y porque carece de los elementos mínimos que le sirven como criterio de homologación respecto a sus coetáneas estadounidenses y francesas. Resumiendo: no pretendamos buscar o ver en Cádiz ninguna Constitución porque Cádiz no nace como resultado de proclamación volitiva de poder constituyente alguno, un poder concebido ya al estilo de lo que ordenaban los cánones de los movimientos revolucionarios que habían triunfado en el siglo anterior, tanto en las colonias americanas como en la vecina Francia, otorgando al pueblo, en el primer caso, y a la Nación, en el segundo, la efectiva y más completa capacidad de determinación para la organización del poder político y del estatuto de los ciudadanos. Hubo en aquellos lares un poder constituyente capaz de romper con el pasado, capaz de marcar la frontera entre el ahora y el ayer, que enviaba al depósito de la Historia todo lo que ese pasado había supuesto sin posibilidad de regreso en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Era ese poder constituyente, tanto el americano como el francés, capaz de escribir un texto rotundamente nuevo que marcaba un antes y un después, que ponía puertas al tiempo para determinar lo que valía o lo que no valía, lo que era novedoso y útil, frente a lo antiguo e inútil, un texto que trazaba una clara separación entre el nuevo mundo constitucional y el viejo orden feudal, el cual pasaba a ser derrumbado, obviado y aniquilado, pasaba a ser histórico, es decir, no vigente y, por tanto, irrelevante desde la perspectiva jurídica y política. Fuera de la Constitución así concebida, tal y como hicieron americanos y franceses, sólo había antigüedades, ruinas, materiales de desecho, productos que debían ser abandonados y erradicados. Los tiempos que inauguraban las nuevas Constituciones eran, en efecto, tiempos nuevos porque abrían nuevos caminos de cara al futuro y sepultaban el pasado de una vez por todas.

Por tales motivos, Cádiz no es, no puede ser jamás reputada como un fruto de la razón abstracta, como un producto del racionalismo iusnaturalista, como ejecutoria de una autoridad política absoluta (ya la Nación, ya la Monarquía con su rey a la cabeza, ya su confluencia coordinada), sino, más bien, todo lo contrario: fruto de la razón histórica, esa razón que vive por y para el pasado, con el propósito de convertir al hombre en autorizado heredero de sus ancestros; producto de un historicismo de corte tradicional, basado más que en aquellas Constituciones al estilo revolucionario ya descritas en aquellas otras Leyes Fundamentales, profundamente enraizadas en las estructuras políticas del ayer que definieron los límites del poder soberano casi absoluto y lo justificaron en todo su esplendor; y ejecutoria de un pasado que ejercía una influencia incontestable sobre el presente, incapaz de separarse de aquél, dado que en su seno contenía su esencia política indestructible. Cádiz no crea Constitución auténticamente novedosa; efectúa una reordenación de las Leyes Fundamentales del Antiguo Régimen, es decir, una revisitación o recomposición de los principios esenciales sobre los que se sustentaba la Monarquía Católica Hispánica, sin que se diese pie a la aparición de un poder originario, radical, drástico y omnímodo. En 1812, se procede a una recuperación, reinstauración y relectura del pasado hispánico (no solamente castellano), en clave de resurrección político-jurídica de todo aquello que había existido en tiempos remotos de plena felicidad constitucional y que, por distintas causas y azares, se había perdido en el tiempo.

No hay creación sin tradición. Los clásicos lo comprendieron bien cuando trazaron una línea de clara separación entre la traditio y la imitatio. Lo nuevo es, en realidad, la nueva forma de conjugar todo aquello que precede; es la forma específica que cada tiempo tiene de enfrentarse, de leer, de comprender y de interpretar lo pretérito común. La novedad no es más que una versión retomada del pasado. Los acontecimientos constitucionales gaditanos parecen dar la razón a este último aserto. Se equivocaba F. Tomás y Valiente cuando explicaba el momento gaditano como el paso de muchas Leyes Fundamentales a una sola Constitución, afirmando, pues, la vigencia de una práctica constituyente: lo que hubo, en realidad, fue el tránsito de muchas Leyes Fundamentales a otras tantas Leyes Fundamentales (esencialmente las mismas), pero ya recogidas en un solo texto, mejor ordenados y clarificadas, y con importantes ajustes institucionales para su salvaguardia. La pretendida cabeza moderna apenas tenía las fuerzas necesarias e indispensables para regir los destinos de ese cuerpo esencialmente gótico, que era el que, al final, acabó por dirigir toda la maquinaria política, todo el sistema reconstituido. No hubo, no pudo haber, Constitución moderna, pero sí Constitución histórica, es decir, Historia puesta al servicio del poder ya configurado, ya constituido, ya dado, ya contrastado por la experiencia, sin rastro alguno de poder constituyente, incompatible con el ideario ilustrado que estaba en la base del legado gaditano.

Ciudad Universitaria, Madrid, abril de 2013.

 

 

 

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Un pensamiento en “CÁDIZ, 1812-2012: REFLEXIONES PARA UN BICENTENARIO

  1. ¿CUANTO PESA EL FASCISMO EN LA UNIӓN EUROPEA? NINGUNO DE LOS CANDIDATOS ESPAÑOLES A LA EUROCÁMARA HA REIVINDICADO LA CONDENA DEL MAYOR GENOCIDIO COMETIDO POR LOS FASCISTAS ITALIANOS EN ESPAÑA. EL 25 DE MAYO DE 1938. MAёANA 25 DE MAYO, SE CUMPLEN 76 AёOS E ITALIA NO HA QUERIDO PEDIR PERDӓN COMO HICIERON LOS ALEMANES EN GUERNICA. EL MERCADO DE ALICANTE FUE‰ BOMBARDEADO POR LA LEGIӓN FASCISTA ITALIANA Y HUBO MÃS DE 1.000 VÍCTIMAS. YO SOY UNA DE ELLAS TENIENDO UN AёO Y OCHO MESES SAL͍A DEL MERCADO CINCO MINUTOS ANTES DEL BOMBARDEO (90 BOMBAS). HAY UN CUADRO ESPECTACULAR (5M X 3.80) DEL FAMOSO PINTOR ALCOYANO MANUEL SOLBES ARJONA QUE QUIERO COMPARTIR CON TODO EL QUE LE INTERESE. TAMBIÉN MIS COMUNICACIONES CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ITALIANA Y CON SU EMBAJADOR EN MADRID. LLEVO UN AN‘O Y MEDIO RECOMENDÁNDOLES  QUE PIDAN PERDӓN YA QUE LOS POL͍TICOS ESPAёOLES NO LO HACEN. ¿PORQUɉ ENCUBREN UN ASESINATO MASIVO TAN BRUTAL? ¿CUÁNTO PESAN LOS FASCISTAS EN ITALIA? ¿PORQUɉ  A LOS POL͍TICOS ESPAёOLES NO LES IMPORTA? ESPERO QUE LAS REDES SOCIALES CON TU APOYO LO LOGREN. HAZ LO QUE ESTÉ DE TU PARTE. VICTORIO SANCHEZ LOPEZ – http://www.esmcsl.com, victoriosanchez.ondabenidorm.com, 

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