BIENVENIDA ESPAÑA AL SIGLO XXI!

TITULARES:

EDICIÓN JUNIO 2013 – Titulares: 

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 “DE LA MONARQUÍA A LA REPÚBLICA FEDERAL”

La palabra “Federalismo” procede del latino “foedus”. Esta expresión se utilizaba para referirse a las vinculaciones personales y los tratados entre  los pueblos en la Edad Media. El Federalismo define un estado en el que: 1- Al menos existen dos niveles de gobierno en el mismo territorio y para la misma población. 2- Cada nivel de gobierno tiene alguna área de acción en la que es autónomo. 3- Las unidades sub-nacionales (Cantones, Landers, etc…) participan activamente en la toma de decisiones importantes del gobierno central. Éste último punto marca la diferencia esencial entre un sistema federalista y un sistema descentralizado. Ver:

FEDERALISMO: 2 Modelos a debate

• “El Sistema Federal Suizo” – Wolf Linder y Andrea Iff (E-book)

• “El Federalismo Canadiense–  Canadian Privy Council Office, et Al.

Análisis:

Además:

Invitación – Agenda:

Conferencia Internacional: “FEDERALISMO, DESCENTRALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”

Libros – Reseña:

Una Introducción al Federalismo”  – Por el profesor Dr. George Anderson (Presidente del Forum de Federaciones en 2005).

Email: destinorepublicano@gmail.com

Twitter: @destinorepublic  

#Larepublicaquequeremos

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El sistema Federal suizo

Landsgemeinde_Glarus_2006 Asamblea (Landsgemeinde) del cantón suizo de Glaris, en 2006.

 Introducción de los autores

Cuando se fundó en el año 1848, la Confederación Suiza tuvo que enfrentarse a problemas similares a los de las jóvenes democracias actuales: el estado nacional era débil y su economía pobre; además, las sociedades de los 25 cantones no tenían una historia común y estaban separadas por distintas religiones y lenguas. La Constitución suiza supuso el compromiso entre los partidarios de un estado central y sus oponentes, que tenían un pasado beligerante a sus espaldas.

Unos 160 años después, Suiza es un país próspero. Las desavenencias de las religiones se han distendido. A diferencia de muchos países dentro y fuera de Europa, el multilingüismo no ha supuesto la discriminación de las minorías y es bien conocida la estabilidad política del país. Se podría decir que estos logros son el resultado de las instituciones políticas. Suiza es un ejemplo representativo de integración política, puesto que su democracia se diferencia de otras en que el Estado se ha desarrollado de modo ascendente. El federalismo acerca el Estado al pueblo, mantiene un gobierno central pequeño y garantiza la máxima autonomía de los 25 cantones. En contraposición con el gobierno de las mayorías, el reparto de poder entre los partidos políticos más importantes otorga a las minorías una voz eficaz y ha permitido la integración social. La democracia directa a través de referendos e iniciativas populares hace que las élites políticas sean más sensibles a las necesidades y preferencias de la población. El libro electrónico El sistema político suizo explica el funcionamiento de estos elementos, no sin mencionar aspectos y retos cruciales.

El federalismo, el reparto del poder político y la democracia directa, aspectos fundamentales del sistema suizo, atraen el interés de estudiosos, políticos y medios extranjeros. En particular, el federalismo y la descentralización parecen ser herramientas institucionales eficaces para fortalecer la autonomía y la responsabilidad regional y, al mismo tiempo, hacen que las instituciones políticas sean más eficientes. No obstante, sería engañoso sostener que el federalismo suizo es un «modelo» para los demás. En primer lugar, el federalismo y la descentralización pueden perseguir objetivos diferentes y se entienden de distintas maneras de un país a otro. En segundo lugar, las instituciones se acuñan en la cultura política específica de cada país y por lo tanto pueden desempeñar un papel distinto para los ciudadanos y su forma de gobierno. No existe una idea única del federalismo, sino distintos tipos de federalismo que tienen que evolucionar en la herencia cultural de cada sociedad política.

En todo caso, invitamos a los lectores de este libro electrónico a que compartan con nosotros esta crónica sobre la historia y el funcionamiento de las instituciones políticas suizas. Esperamos que la profunda experiencia de la democracia suiza sea inspiradora y alentadora para los demás. De este modo, la democracia suiza no supone un modelo que exportar, pero sí un tema de diálogo.

Wolf Linder and Andrea Iff

El sistema Federal suizo (e-book):

“El Federalismo Canadiense”

Canadian Parliament-hill, Ontario

Parlamento de Canadá, Ottawa.

EL SISTEMA FEDERAL CANADIENSE

Federalismo en Canadá1

 (Breve resumen)

La base fundamental del federalismo en Canadá fue y sigue siendo la necesidad de reconciliar, equilibrar y adaptar la diversidad2.

Se considera que las siguientes características se encuentran entre las que comparten los estados con un sistema federal de gobierno3:

  • al menos dos órdenes de gobierno;
  • división de poderes entre los órdenes de gobierno definidos en la constitución;
  • división de fuentes de ingresos para garantizar a cada órden de gobierno determinadas áreas de autonomía, también establecidas en la constitución;
  • constitución escrita que no puede ser enmendada unilateralmente.

Las razones por las que un estado adopta un sistema federal incluyen la necesidad de reflejar las diferencias lingüísticas, económicas y culturales de una población, especialmente una que se encuentra concentrada geográficamente.

Las colonias de la Norteamérica Británica se unen4

Hasta 1867, las colonias5 de la Norteamérica Británica (territorios y colonias que después de 1783 seguían regidos por el Imperio Británico en los siglos XVIII y XIX) no tenían vínculos políticos ni geográficos. Cada uno tenía su propio gobernador designado por Gran Bretaña y su propia administración, incluidas aduanas y el sistema postal.

En 1867, tres colonias en la Norteamérica Británica (la Provincia de Canadá, Nuevo Brunswick y Nueva Escocia)  acordaron «unirse federalmente»,7 y formar el territorio de Canadá8.

Varios factores externos impulsaron a esas colonias a unirse, entre los que se incluyen:

  • la posibilidad de que  Estados Unidos no renovara el Tratado de Reciprocidad de 1854 (o Tratado de Elgin – Marcy, tratado acerca del comercio entre Estados Unidos y las colonias de la América británica), que garantizaba oportunidades de mercado para los productos de las colonias; las colonias ya habían perdido una parte sustancial de los mercados británicos con el fin del sistema preferencial británico, que hasta 1848 había proporcionado protección arancelaria a los productos de las colonias;
  • la creciente inseguridad acerca del expansionismo americano así como  de los incidentes diplomáticos y las incursiones fronterizas en relación con la Guerra Civil americana;
  • el deseo de Gran Bretaña de reducir sus obligaciones y responsabilidades con sus colonias.

Pero fueron las condiciones políticas que prevalecían en una de las colonias, la Provincia de Canadá, la que favoreció un tipo federal de unión.

La Provincia de Canadá (también conocida como Canadá Unida)

1791-v3-e

Canadá, 1791

Fuente: Biblioteca y archivos Canadá

1849-v5-e

Después de 1841

Fuente: Biblioteca y archivos Canadá

La Provincia de Canadá se había establecido en 1841 de acuerdo con la Ley de Unión (o Acta de Unión se aprobó en 1840 y se proclamó en 1841) que amalgamó dos colonias separadas hasta aquel momento, Bajo Canadá (de mayoría francófona) y Alto Canadá (anglófona), que tenían sus propias asambleas legislativas elegidas que las habilitaban a hacer determinadas elecciones respectivas en política interna.

Tras la unión de 1841 resultó ser potencialmente imposible para un solo gobierno garantizar la estabilidad política, aun con las medidas diseñadas para preservar la especificad de cada una de las comunidades. Esas medidas incluían:

  • dos primeros ministros, uno para la sección francófona (Canadá del Este) y una para la sección anglófona (Canadá del Oeste), situadas a cada lado del río Ottawa;
  • dos fiscales (el common law se mantenía vigente en Canadá del Oeste y el derecho civil en Canadá del Este);
  • algunas leyes se aplicaban solo a una de las secciones, de modo que asuntos tales como la educación se podían administrar de forma diferente.

Otro acuerdo mutuo gravaría considerablemente la situación política. Una de las provisiones de la Ley de Unión  estipuló que un número igual de miembros fuera elegido de Canadá del Este y Canadá del Oeste a la única asamblea legislativa de la Provincia de Canadá. Esa medida se había tomado en respuesta a una demanda de Canadá del Oeste, para garantizarle una representación igual incluso aunque tenía unos 200 000 habitantes menos que Canadá del Este.

A partir de 1850 la población de Canadá del Oeste era mayor que la de Canadá del Este. La representación paritaria ya no beneficiaba a Canadá del Oeste y esta solicitó una representación proporcional a su población. Sin embargo, una parte sustancial de la clase política de Canadá del Este se oponía a tal cambio, ya que temía la supervivencia de las instituciones francocanadiense.

A principios de la década de 1860 era evidente que a las dos secciones  que formaban la Provincia de Canadá se les debía devolver cierto nivel de autonomía. También estaba claro, sin embargo, que a la luz de la situación económica e internacional, mantener un cierto nivel de unidad era beneficioso.

Se propuso que la Provincia de Canadá se dividiera en dos entidades unidas dentro de una federación. Las competencias se dividirían entre dos órdenes de gobierno, que asegurarían la unidad (órden federal) mientras permitían la expresión de diversidad (órden provincial). La posibilidad de que las otras colonias de la Norteamerica Británica formaran parte de esa unión federal también se consideraba por las ventajas que traería una unión expandida.

Las colonias optan por una unión federal

En septiembre de 1864 en Charlottetown, en la Isla del Príncipe Eduardo,  se celebró una reunión inicial para tratar el tema de la unión. Rápidamente una propuesta para una unión marítima de las colonias de la costa atlántica  dio lugar  a la propuesta para una unión federal de todas las colonias propugnada por los delegados de la Provincia de Canadá.

Las colonias marítimas expresaron su interés en las propuestas de la Provincia de Canadá, que también la beneficiaban. Aunque eran similares en cuanto al idioma, eran diferentes desde un punto de vista histórico y socioeconómico; ya ejercían un determinado nivel de autonomía sobre la política interna a través de sus propias asambleas legislativas elegidas,

En octubre de 1864 se celebró en la ciudad de Quebec, Provincia de Canadá, una segunda reunión en la que se debatió acerca de la división de poderes entre las entidades constitutivas y un gobierno federal, entre cosas. Las 72 resoluciones de Quebec incluían propuestas de que las existentes asambleas legislativas (o reestablecidas, en el caso de la Provincia de Canadá) desarrollarían responsabilidades relacionadas con asuntos locales y que un nuevo parlamento federal asumiría competencias relacionadas con políticas comunes, incluidos en los campos económico y militar.

1867-v5-e Canadian Confederation

Canadá en 1867

Fuente: BIblioteca y Archivos de Canadá 

Las bases fueron establecidas para la Confederación en 1867. Canadá estaría originalmente compuesta de cuatro entidades constituyentes: las provincias de Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Ontario y Quebec,  la última resultado de la división de la  Provincia de Canadá. A través de los años, las otras colonias y todos los territorios de la Norteamérica Británica también pasarían a ser parte de Canadá, bien como provincias o como territorios.

La nueva federación nació en gran parte de la necesidad de reflejar dos realidades lingüísticas diferentes. Cuando se realizó el primer censó tras la confederación, los canadienses de origen francés sumaban un 31.1 % de la población. La vasta mayoría de ellos, o el 85.5 %, vivía en la nueva provincia de Quebec, mientras otros 150 000 vivían en otras provincias.

Los hombres que serían conocidos como los padres de la confederación supervisaron la creación de una federación que protegía los derechos de la población francófona de Quebec (que estaba decidida a preservar su lenguaje, su religión y su legislación) y permitió el uso del francés y del inglés en el parlamento federal, la asamblea legislativa de Quebec y las cortes federales. Esa protección y reconocimiento de la lengua y cultura francesa han evolucionado mucho desde 1867.

La distribución constitucional de los poderes legislativos

Una de las principales características de los estados federales es la distribución de los poderes legislativos entre dos o más órdenes de gobierno. En Canadá, hay dos órdenes de gobierno: el gobierno federal y los gobiernos provinciales1.

  1. Competencias del parlamento de Canadá
  2.  Competencias exclusivas del parlamento de Canadá
  3.  Competencias concurrentes/compartidas
  4.  Interpretación judicial de la distribución de los poderes legislativos
  5. Enmiendas a la distribución constitucional de los poderes legislativos
  6. Para saber más acerca de la distribución de competencias legislativas en otras federaciones
  1. 1.    Competencias del parlamento de Canadá

Las competencias del parlamento, enumeradas en los artículos 91 y 92 (10) de las leyes constitucionales de 1867 a 1982, tratan cuestiones de interés nacional (veánse también las notas). Incluyen las siguientes:

  • Deuda pública y propiedad
  • Regulación del comercio
  • Seguro de desempleo
  • Fiscalidad directa/indirecta
  • Servicio postal
  • Censo/estadísticas
  • Defensa
  • Navegación/envíos
  • Cuarentena
  • Costa y pesca continental
  • Transbordador (interprovincial/internacional)
  • Moneda/sistema monetario
  • Banca/constitución de bancos/papel moneda
  • Pesos y medidas
  • Insolvencia
  • Patentes
  • Derechos de autor
  • Indios/reservas indígenas
  • Ciudadanía
  • Matrimonio/divorcio
  • Derecho penal, incluido los procedimientos penales
  • Centros penitenciarios2
  • Obras/trabajos que conectan provincias; más allá de los límites de una provincia, dentro de una provincia pero en el beneficio de Canadá/ o más de una provincia.

3. Competencias exclusivas de las legislaturas provinciales

Las competencias exclusivas de las legislaturas provinciales, enumeradas en los artículos 92, 92 (A) y 93 de las leyes constitucionales 1867 a 1982, conciernen  cuestiones de una naturaleza local (veánse también las notas). Incluyen los siguientes:

  • Fiscalidad directa dentro de la provincia
  • Gestión/venta de terrenos públicos pertenecientes a la provincia
  • Prisiones
  • Hospitales
  • Municipios
  • Formalización de matrimonio
  • Propiedad y derechos civiles
  • Administración de justicia civil/criminal
  • Educación
  • Constitución de companies
  • Recursos naturales
  • Cuestiones de una naturaleza meramente local o privada

4. Competencias concurrentes/compartidas

Las competencias concurrentes se especifican en el artículo 94A y 95 de las leyes constitucionales de 1867 a 1982 (véanse también notas):

Determinadas áreas de la acción del gobierno (algunas de las cuales se han convertido en prioridades a lo largo de los años) no están específicamente identificadas y asignadas a uno o ambos órganos de gobierno en la Ley Constitucional de 1867. Los tribunales han concluido que estas áreas se rigen bajo varios poderes legislativos, algunos federales, otros provinciales. Dos de estas áreas son el medioambiente y la salud.

Haga click aquí para saber más sobre los poderes constitucionales federales/provinciales en estas áreas.

  1. 5.    Poder residual

Las leyes constitucionales de 1867 a 1982, artículo 91, confieren al parlamento federal la competencia para «crear leyes para la Paz, el órden y el buen gobierno de Canadá, en relación con todas las cuestiones que se encuentran entre las clases de asuntos de esta ley asignadas exclusivamente a las legislaturas de las provincias». Esta competencia es «residual» en el sentido de que cualquier cuestión que no se incluya dentro de la competencia de las legislaturas provinciales se incluye dentro de la competencia del parlamento federal. Este poder residual garantiza que todas las áreas de legislación están bajo uno o  ambos órdenes de gobierno de Canadá.

5. Interpretación judicial de la distribución de los poderes legislativos

Cuando surge una cuestión promulgada por el Parlamento o una legislatura provincial se enmarca dentro de sus respectivas competencias constitucionales, una repuesta acreditada solo puede proceder de las cortes. Aunque a través de los años, a través del proceso de revisión judicial, el contenido y alcance de las competencias legislativas federales y provinciales se ha clarificado, definido, limitado o expandido.

  • Por ejemplo, el poder federal de Comercio (artículo 91 (2)) se ha interpretado de manera que su significado es que el parlamento puede regular el comercio generalmente en Canadá, así como el flujo de comercio a través de fronteras provinciales o internacionales, pero no puede regular la operación de las industrias particulares, negocios o profesiones dentro de las provincias. El poder provincial de propiedad y los derechos civiles (artículo 92 [13]) da a las provincias la autoridad para regular el comercio dentro de los respectivos territorios.

6. Enmiendas a la distribución constitucional de poderes legislativos

La distribución de los poderes legislativos ha sido modificada en varias ocasiones, particularmente:

  • Ley constitucional de 1930. Esta enmienda concierne a las provincias de Manitoba, Columbia Británica, Alberta y Saskatchewan. De acuerdo con el memorándum para cada una de estas provincias recogidas en el anexo de esta ley,  a estas provincias se les dio jurisdicción, especialmente en terrenos de dominio público, y/o otros territorios públicos, y/o recursos naturales,  otorgándoles así los mismos poderes en estas áreas que ya poseían las otras provincias.3
  • Ley constitucional de 1940. Las provincias cedieron al parlamento federal una parte de su poder sobre la política social permitiendo el establecimiento del programa nacional de seguro de empleo.
  • Ley constitucional de 1951 y 1964. Las provincias cedieron al parlamento federal una parte de su poder sobre política social permitiendo el establecimiento de los programas nacionales de pensiones por ancianidad (1951) y prestaciones complementarias.

Procedimiento para enmendar la Constitución de Canadá

Parte V (artículos 38 a 49) de la Ley Constitucional de 1982 establece como se puede enmendar la Constitución de Canadá. (amalgama  actas codificadas y tradiciones incodificadas y convenciones. Expone el sistema  de gobierno de Canadá y los derechos civiles de los ciudadanos canadienses. Su composición aparece definida en la sección 52 (2) del Acta constitucional de Canadá de 1982 como “Acta de Canadá de 1982” y todas las enmiendas hechas a este documento, lo que incluye la legislación británica que confirma o modifica el Acta de la Norteamérica británica).

  • A través del procedimiento general de enmienda, habitualmente nombrado la fórmula 7/50 (artículo 38 [1]). Algunas enmiendas requieren resoluciones del Senado, la Cámara de los Comunes y las asambleas legislativas de al menos dos tercios de las provincias (7) que tienen como mínimo el 50 % de la población de toda Canadá. Estas incluyen enmiendas relacionadas con los poderes del Senado y el método de selección de los Senadores y la extensión de las provincias existentes en los territorios (artículo 42).
  • Por consentimiento unánime (artículo 41). Otras enmiendas requieren resoluciones del Senado, la Cámara de los Comunes y la asamblea legislativa de cada provincia. Entre estas se incluyen enmiendas relativas al gobernador general y a la composición del Tribunal Supremo de Canadá.
  • Enmienda de las provisiones relativas a algunas pero no con todas las provincias (artículo 43). Otras requieren resoluciones del Senado, de la Cámara de los Comunes y las asambleas legislativas de las provincias a las que se aplica la enmienda.

Por ejemplo:

  • la enmienda de 1993 a la Ley Constitucional de 1982 que añadió el artículo 16.1 que consolida el bilingüismo oficial en Nuevo Brunswick;
  • la enmienda de 1993 al anexo de los  de los términos de unión de la  Isla del Príncipe Eduardo que permitió la construcción de un puente que eximiera al Gobierno de Canadá de su obligación constitucional de proporcionar servicios de transbordador desde el continente y hacia él;
  • la enmienda de 1997 a la Ley Constitucional de 1867 que añadió el artículo 93A que permitía a Quebec reemplazar su sistema de educación confesional por un sistema lingüístico;
  • la enmienda de 2001 al anexo de la Ley de Terranova de 1949 que cambió el nombre «Terranova» a «Terranova y Labrador».
  • Enmiendas por parte del parlamento (artículo 44). Con arreglo a los artículos 41 y 42 el parlamento de Canadá podrá exclusivamente hacer leyes que modifiquen la Constitución en relación al Senado y la Cámara de los Comunes. Por ejemplo:
    • la enmienda de 1999 a la Ley Constitucional de 1867 para garantizar la representación del territorio de Nunavut en el Senado (artículo 3) y en la Cámara de los Comunes (artículo 52.1).
  • Enmiendas por parte de las legislaturas provinciales (artículo 45). Con arreglo a la sección 41, la legislatura de cada provincia hará exclusivamente leyes que modifiquen la constitución de la provincia.

Ley relativa a las enmiendas constitucionales (veto regional)

La ley de 1996 relativa a las enmiendas constitucionales estipula que las propuestas para determinadas enmiendas a la Constitución deben ser consentidas por una mayoría de las provincias antes de que puedan presentarse al Parlamento. La mayoría de las provincias debe incluir:

  • Quebec
  • Ontario
  • Columbia Británica
  • Al menos dos de las provincias atlánticas que comprendan como mínimo el 50 % de la población de la región.
  • Al menos dos de las provincias de pradera que comprendan como mínimo el 50 % de la población de la región.

Entre otras, esta ley se aplica a las enmiendas constitucionales propuestas que pertenecen a:

  • Cambios en instituciones parlamentarias;
  • Creación de nuevas provincias;
  • La división de poderes entre el parlamento y las asambleas legislativas.

La ley no se aplica a enmiendas que la Constitución estipula que las provincias pueden vetar o expresar su disentimiento hacia ellas1. Estas incluyen las llamadas enmiendas bilaterales, como por ejemplo las que afectan a una sola provincia.

La ley relativa a enmiendas constitucionales permite a las provincias una protección mayor dentro de la federación de Canadá al imponer una obligación adicional en el parlamento.

  • Ley constitucional de 1982, que estipula un procedimiento general de enmienda (conocido como la fórmula 7/50), según la cual determinadas enmiendas constitucionales requieren el consentimiento de al menos dos tercios (2/3 de 7) de las provincias que tienen como mínimo el 50 % de la población de Canadá entera; sin embargo, no especifica qué provincias deben incluirse necesariamente en los dos tercios (2/3 de 7) requeridos.
  • La ley relativa a las enmiendas constitucionales estipula que el Parlamento debería obtener el consentimiento de Quebec, Ontario, Columbia Británica, dos de las provincias atlánticas que comprendan al menos el 50 % de la población de la región, antes de proponer una enmienda constitucional de conformidad con la llamada fórmula 7/50.
  • La ley relativa a las enmiendas constitucionales es parte de los Estatutos consolidados de Canadá y es vinculante para el gobierno en funciones y para sus sucesores. No es una ley constitucional. Sin embargo, se podría constitucionalizar con el consentimiento de todas las provincias.

FEDERALISMO FISCAL

PROGRAMA DE IGUALACIÓN

¿QUÉ ES LA IGUALACIÓN?

  • La igualación es el programa de trasferencia del Gobierno de Canadá para abordar las disparidades fiscales entre provincias. Los pagos de igualación habilitan a gobiernos provinciales menos prósperos a proporcionar a sus residentes servicios públicos que son razonablemente comparables a los de otras provincias, a niveles de tributación razonablemente comparables.
  • El propósito del programa se consolidó en la Constitución canadiense en 1982:
  • «El parlamento y el Gobierno de Canadá se comprometen al principio de realizar pagos de igualación  que garanticen que los gobiernos provinciales poseen suficientes ingresos para proporcionar niveles de servicios públicos razonablemente comparables a niveles razonablemente comparables de fiscalidad». (Subartículo 36 [2] de la Ley Constitucional de 1982).
  • Los pagos de igualación son incondicionales: las provincias que los reciben tienen libertad para gastar sus fondos de acuerdo con sus propias prioridades.
  • El Gobierno de Canadá ha garantizado que la igualación continúa creciendo paralelamente a la economía.
SEIS PROVINCIAS QUE RECIBIRÁN 16.1 MIL MILLONES DE DÓLARES EN PAGOS DE IGUALACIÓN EN EL 2013-14(millones de dólares)

I.P.E.

N.S.

N.B.

Que.

Ont.

Man.

340

1,458

1,513

7,833

3,169

1,792

CÓMO FUNCIONA LA IGUALACIÓN

  • Los derechos de igualación se determinan midiendo la habilidad de las provincias para aumentar sus ingresos: llamada «capacidad fiscal».
  • Antes de realizar cualquier ajuste, el derecho de igualación per capita de una provincia es igual a la cantidad mediante la cual su capacidad fiscal está por debajo de la capacidad fiscal media de todas las provincias: llamado «modelo de 10 provincias».
  • Las  provincias consiguen una cantidad mayor de la que recibirían excluyendo por completo los ingresos por recursos naturales, o excluyendo el 50 por ciento de los ingresos de recursos naturales.
  • Esto contribuye a garantizar la estabilidad y predictibilidad al mismo tiempo que responde también al crecimiento económico.
  • La igualación se ajusta para garantizar la justicia entre las provincias mientras continúa proporcionando un beneficio fiscal neto a las provincias receptoras de su equivalente de recursos a la mitad de sus ingresos de recursos per capita.
  • La igualación también se ajusta para mantener todo el programa de pago en paralelo a la economía. El camino de crecimiento se basa en una media en movimiento de tres años de crecimiento de producto interior bruto (PIB). Esto ayuda a garantizar la estabilidad y predictibilidad mientras aún es responsable del crecimiento económico.
  • El programa también mantiene los beneficios de los acuerdos atlánticos para Nueva Escocia y Labrador. En 2007 se dio a las dos provincias la elección de continuar operando bajo sistema de igualación previo o a optar permanentemente al programa nuevo en cualquier punto anterior a la expiración de los acuerdos. Al elegir el nuevo programa Nueva Escocia se beneficia de una garantía que también haría al menos, en una base acumulativa, como lo habría hecho de acuerdo con la fórmula acordada en el momento en el que se firmó el acuerdo. Terranova y Labrador ya no cumple con los requisitos para la igualación.

TRANSFERENCIAS FEDERALES A PROVINCIAS Y TERRITORIOS

PRINCIPALES TRANSFERENCIAS FEDERALES

La CHT y la CST son transferencias federales que apoyan áreas de política específicas tales como la sanidad, la educación postsecundaria, la asistencia social y los servicios sociales, el desarrollo de primera infancia y el cuidado de niños.

Los programas de igualación y TFF proporcionan transferencias incondicionales a las provincias y territorios. La igualación habilita gobiernos provinciales menos prósperos para proporcionar a sus residentes servicios públicos que son razonablemente comparables a los que se encuentran en otras provincias, a niveles comparables de fiscalidad. La TFF proporciona a los gobiernos territoriales financiación para apoyar los servicios públicos, en reconocimiento del coste superior de la provisión de programas y servicios en el norte.

Notas:


  1. Hipervínculos en el enlace de este documento a las páginas web del gobierno de Canadá
  2. Richard Simeon, Federalism in Canada, A Visitor’s Guide2002 (documento no publicado)
  3. Ronald Watts, Comparing Federal Systems, Institute of Intergovernmental Relations, Queen’s University, Kingston, Ontario, 1999, página 7
  4. Términos empleados de acuerdo con la Revolución americana  para referirse a las colonias en Norteamérica que seguía siendo británica.
  5. Las colonias eran la Provincia de Canadá, Nuevo Brunswick, Nueva Escocia. Terranova, Isla del Príncipe Eduardo y Columbia Británica. También eran territorios grandes y apenas habitados que pertenecían a la Compañía de la Bahía de Hudson o a la corona británica.
  6. El término provincia se utilizaba en la época con el sentido de colonia, no de entidad constitutiva. La Provincia de Canadá se estableció con la unión de las colonias de Bajo Canadá y Alto Canadá mediante la Ley de Unión de 1840.
  7.  «Considerando que las Provincias de Canadá, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick han expresado su deseo de unirse federalmente en un dominio…» Preámbulo, Ley de Constitución, 1867
  8. Los dominios eran en la época colonias casi autónomas dentro del Imperio británico.

CLASIFICACIÓN  DE CUATRO SISTEMAS FEDERALES:

UNA EVALUACIÓN «IMPRESIONISTA»

Indicadores seleccionados

Australia

Canadá

Estados Unidos

Alemania

Unidad nacional

Fuerte

Bastante fuerte

Fuerte

Fuerte

Influencia estatal en los responsables políticos federales

Bastante fuerte

Fuerte

Bastante débil

Fuerte

Estatus del Estado de Gobierno Central

Fuerte

Bastante fuerte de jure;
muy fuerte
de  facto

Bastante débil

Fuerte

Control del estado actual del gobierno local

Fuerte

Fuerte

Varía desde bastante fuerte a bastante débil

Fuerte

Repertorio de responsabilidades del gobierno local

Limitado

Bastante extenso

Bastante extenso

Limitado

Influencia del Gobierno Local en los representantes políticos del Estado

Débil

Bastante fuerte

Bastante fuerte

Débil

Influencia del Gobierno Local en la política del Estado

Débil

Bastante fuerte

Bastante fuerte

Débil

Influencia del Gobierno Local en la política federal

Débil

Débil

Bastante fuerte

Débil

Naturaleza del Federalismo Fiscal

Dos niveles; Centralizado

Dos niveles; Descentralizado

Tres niveles; Poco estructurado

Dos niveles; Bastante integrado

Transferencias intergubernamentales del estado estatal

Importante; énfasis en subvenciones condicionales

.

Importante; énfasis en subvenciones condicinales

Importante; énfasis en subvenciones condicionales

Poca importancia: Énfasis en el reparto de impuestos

Rendimiento de igualación federal interestatal

Muy fuerte: disparidades de ingresos reducidas

Fuerte; disparidades de ingresos reducidas sustancialmente

Débil; cierta igualación de esfuerzo fiscal

Fuerte; ingresos y ciertas disparidades de gastos reducidas sustancialmente

Rendimiento fiscal del estado

Bastante débil

Fuerte

Bastante fuerte

Bastante fuerte

Independiencia fiscal del gobierno local

Bastante fuerte

Bastante fuerte

Bastante fuerte

Débil

Relaciones horizontales entre gobiernos locales

Referéndums en los Gobiernos Locales

FUENTE: Tabla preparada por John Shannon, Washington, DC, ACIR, 1980.  http://www.library.unt.edu/gpo/acir/Reports/information/M-130.pdf 

Más información:

Por una República Europea

europa

Sean dirigentes políticos o ciudadanos, los “pragmáticos” no han logrado construir una Unión Europea próspera y plenamente democrática. Por lo tanto, es el turno de los soñadores, que hoy son los verdaderos realistas, como aseguran la politóloga alemana Ulrike Guérot y el escritor autríaco, Robert Menasse.

Ulrike Guérot | Robert Menasse

Mientras la casa de Europa está en llamas, los jefes de Estado y de Gobierno europeos negocian a puertas cerradas la suma que podría asignarse a los gastos del agua con la que extinguir el fuego. No hay razón para reprocharles que hayan perdido el vínculo con los ciudadanos. ¿Cómo podrían haberlo perdido si jamás lo entablaron? El sistema en el que vivimos no prevé ni autoriza ninguna representación de la población europea legitimada democráticamente.

Aquel o aquella que, democráticamente legitimado y por lo tanto electo, haga política a escala europea, tan sólo ha llegado a esta posición mediante un voto nacional y para sobrevivir políticamente, debe defender esa bella ficción que constituyen los “intereses nacionales”. Actualmente, el que durante las cumbres europeas obstaculice el interés común para obtener la aprobación de su electorado, perjudica a los demás Estados, incluido su propio país, debido al juego de las interdependencias del mercado común y de la eurozona.

Y los electores que le aclamen, en lugar de sacar sabias lecciones de las dificultades, se degradan. Hoy en día, ningún Estado europeo puede solucionar un problema por sí solo, pero las estructuras institucionales de la UE impiden las soluciones colectivas. Lo que denominamos “crisis” no es sino el reflejo de esta contradicción y nos limitamos a discutir sobre sus síntomas.

Un sueño pragmático

Esta situación aflige a Europa. Entre los representantes políticos, que se consideran pragmáticos, los ciudadanos y algunos soñadores, aumenta el abismo que les separa.

La crisis se la debemos a los pragmáticos. Porque sólo han realizado aquello que era “posible”. Tomemos el ejemplo de la moneda única: se ha socavado su principio inicial porque las reticencias y otras preocupaciones nacionales han impedido la aplicación de los instrumentos políticos necesarios para su gestión supranacional.

En lugar de ello, los problemas derivados de esta contradicción se vuelven a nacionalizar: las deudas son culpa de los Estados, a los Estados se les obliga a realizar un esfuerzo nacional. Entonces, ¿cómo podemos pretender que estos pragmáticos que han provocado la crisis la resuelvan? A los ciudadanos les debemos la legitimación de estos creadores de problemas. Obligan a sus representantes a defender los intereses nacionales [y] se alejan de Europa.

¿Y los soñadores? Eran y siguen siendo los verdaderos realistas. Les debemos el hecho de haber sabido sacar conclusiones sensatas y realistas (que parecían utópicas en su tiempo) de las experiencias del nacionalismo y de la Realpolitik europea que habían reducido Europa a cenizas.

“La abolición de la Nación”

El primer presidente de la Comisión Europea, el alemán Walter Hallstein, dijo: “La idea europea es la abolición de la Nación”. Ni el actual presidente de la Comisión ni la canciller alemana se atreverían hoy a pronunciarla. Sin embargo, refleja la verdad.

Si escucháramos a los soñadores, tendríamos desde hace tiempo la solución a la crisis. El sueño, esa solución, es la República Europea. Las regiones europeas, sin perder sus particularidades, se desarrollarían libremente dentro del marco del derecho común, en lugar de organizarse como naciones competidoras.

La Europa en la que vivimos no es sostenible con sus límites político-económicos actuales, porque la democracia nacional y la economía transnacional se desmoronan. Evolucionamos en un espacio monetario común, pero actuamos como si nuestras economías fueran aún nacionales y tuvieran que competir unas con otras.

Por este motivo, la eurozona necesita una democracia transnacional, una República Europea con normas políticas, económicas y sociales idénticas para todos.

El primer continente postnacional

La República es el nuevo proyecto europeo. Prevé la organización de su territorio a partir de adhesiones voluntarias, la construcción de su unidad mediante tratados que garanticen una paz duradera. Se libera de la idea de nación y construye el primer continente postnacional de la Historia. Los Estados Unidos de Europa, basados en el modelo de los Estados Unidos de América, es algo anticuado. La UE es la vanguardia.

El Consejo Europeo, y a través del mismo los Estados miembros, exige que se ejerza una autoridad sobre la construcción europea que en realidad no existe mientras se inculque en la opinión pública y en los electorados la falsa ilusión de la defensa de su soberanía. La soberanía nacional es la aflicción que sufre Europa.

Si Europa evoluciona basándose en la unión bancaria y la mutualización de la deuda, entonces lo que deberá organizarse de modo distinto es la decisión común sobre los gastos.

La eurozona, que constituirá el núcleo de una República Europea, necesitará un Parlamento dotado de un derecho de iniciativa, de un derecho de voto liberado de las agendas nacionales, así como de un ciclo presupuestario independiente de los mandatos legislativos, al igual que de las competencias (al menos en parte) en materia de política fiscal. Los eurobonos constituyen una posibilidad para reparar el déficit generalizado del euro.

La res publica europea

En la lógica de una res publica europea, las ganancias de la cadena de creación de riqueza en el ámbito comunitario deberían redistribuirse para encontrar un equilibrio económico entre los centros y las periferias. Dentro de esta lógica, y en estos tiempos de recesión, una prestación por desempleo comunitaria haría posible la transición hacia un sistema social europeo.

La economía, la moneda y la política van de la mano y sólo una política común para toda Europa y legitimada por una democracia supranacional logrará imponerse sobre la economía. Las balanzas comerciales nacionales estrictamente basadas en la exportación no son una estrategia. Sobre todo cuando el 80% de las supuestas ganancias por exportaciones de un país miembro procede precisamente del mercado interior: es un timo de la balanza comercial europea.

En toda la historia de las ideas políticas desde Platón, la res publica es con diferencia la noción más valiosa. Es el argumento de promoción número uno de la idea europea en un mundo globalizado y alrededor de ella se puede forjar un sentimiento de pertenencia al “nosotros” europeo. En la res publica, encontramos la idea de un plebiscito positivo a favor de la organización política de una comunidad de la que se pueden deducir como objetivos normativos los principios de justicia social y de bienestar general. No olvidemos que estos principios no se encuentran en todos los lugares: en Estados Unidos no, por ejemplo, ni tampoco en la Rusia autocrática y oligárquica, por no hablar de la China predemocrática.

La res publica, es lo que define a Europa de manera central. Nadie puede asegurar hoy a qué se parecerá esa nueva democracia postnacional y europea, ese proyecto de vanguardia que jamás se ha aplicado y que marcará una época en la historia mundial.

Debatir sobre este proyecto, con toda la fantasía, toda la ensoñación y toda la creatividad de la que es capaz este continente es la tarea que se nos presenta hoy. Si no logramos hacerlo, el proyecto europeo y su fantasma saldrán a atormentar a Europa.

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¡Viva la República Europea!

MANIFIESTO POR UNA NUEVA LEY DE PARTIDOS

Ley Partidos

MANIFIESTO POR UNA NUEVA LEY DE PARTIDOS

¡VOTA!

28-05-2013

La sociedad española asiste preocupada y escandalizada al deterioro de la política. Tras treinta y cinco años de democracia, los partidos funcionan mal. Tal y como muestran todas las encuestas, los ciudadanos sienten que el nivel de los políticos está por debajo de las exigencias de los problemas que afronta el país. La corrupción se ha hecho crónica y, en mayor o menor medida, salpica a los principales partidos. Hay una crisis de confianza en la política. No podemos seguir así.

Las leyes y pactos para controlar la corrupción han fracasado. No faltan leyes para castigarla, pero faltan normas que creen contrapesos en la política, que establezcan más competencia entre políticos de un mismo partido y que limiten el poder de las cúpulas dentro de las organizaciones políticas. Normas encaminadas a evitar que la corrupción pueda crecer sin freno.

Los partidos políticos tienen un papel insustituible en todo sistema democrático. A diferencia de lo que ocurre en otras democracias avanzadas, en España el marco legal vigente no facilita la depuración de los partidos cuando ello se revela necesario. Los partidos españoles se autorregulan: los congresos y órganos de dirección se reúnen cuando conviene a sus dirigentes; el método habitual de selección de cargos internos y de candidatos a cargos representativos es la cooptación; y el control de las cuentas se encomienda a un organismo, el Tribunal de Cuentas, fuertemente politizado, cuyos miembros acceden al cargo por cuota política y cuyo último ejercicio auditado es 2007.

En las democracias constitucionalmente más avanzadas los partidos están fuertemente regulados por la ley o, en el caso británico, por la costumbre. No es por capricho. Los partidos políticos no son entidades privadas como, por ejemplo, un club de fútbol o una empresa agrícola, que pueden organizarse como mejor les plazca. Son entidades especiales a las que se les reconoce el monopolio de la representatividad política y que se financian con fondos públicos. Su funcionamiento tiene más trascendencia que el de cualquier empresa o sociedad recreativa. Por ello, la periodicidad de los congresos, los métodos de selección de los delegados y el control de sus cuentas mediante auditorías independientes están regulados por la ley.

Nada de eso es de aplicación en España y esta anomalía es una causa importante de la difícil situación actual. En todos los países hay corrupción política, pero la democracia interna en los partidos, la competencia entre los que son dirigentes y los que aspiran a serlo y las obligaciones de transparencia impuestas por la ley permiten que los políticos corruptos sean apartados con celeridad. En España esto no ocurre y la corrupción crece, debilita la acción de gobierno en una coyuntura crítica, provoca la desafección ciudadana y acaba causando una grave crisis política e institucional.Hay más. El método de cooptación, repetido una y otra vez, es un método de selección adversa que acaba elevando a puestos de responsabilidad a los menos críticos y a los menos capaces. Hay que cambiarlo urgentemente.

Creemos que, entre los muchos cambios que hoy demanda nuestro sistema político, el más urgente es la elaboración de una nueva Ley de Partidos Políticos, con el fin de regular su actividad, asegurar su democracia interna, la transparencia y el control de su financiación y acercar la política a los ciudadanos. Esta es una condición necesaria para poder abordar con garantías un proceso de reforma institucional mucho más amplio que debería incluir, entre otras, la reforma de la Justicia, la regulación de los lobbies y la separación estricta de los cargos políticos y los puestos administrativos para garantizar la independencia y la profesionalidad de la función pública. Las normas básicas que esta nueva Ley debería recoger son muy comunes en las democracias europeas. Concretamente, debería exigir:

1. Celebración de congresos cada dos años como mínimo y, en todo caso, a fecha fija.

2. • Reunión de los órganos de control de las directivas y parlamentos internos a fecha fija, incluyendo en el orden del día la votación sobre la gestión de la directiva con voto secreto. Limitación del número de sus integrantes, entre los cuales no se contarán los de la directiva.

3. • Composición de los congresos y de los órganos de control proporcionales al número de afiliados o de votos del partido en cada provincia o distrito. Limitación de mandatos al menos en los órganos de control.

4. • Elección de los órganos ejecutivos, delegados a congresos y miembros de los órganos de control mediante voto secreto de los afiliados o delegados al congreso.

5. Elección de los candidatos a cargos representativos por elecciones primarias.

6. • Mandato limitado de los tesoreros y encargados de las cuentas y elección de los interventores por parte de los distintos niveles del partido. Auditorías anuales por empresas independientes previas a la presentación de las cuentas que deberán ser aprobadas por los máximos órganos de dirección del partido.

7. • Constitución de comisiones independientes para verificar los gastos de las campañas e inspecciones para verificar el cumplimiento de los límites de gasto electoral.

La Ley de Partidos es una Ley Orgánica que no puede ser objeto de una Iniciativa Legislativa Popular. Pero la Constitución, en su Artículo 29, ampara el derecho de petición, al que nos acogeremos los abajo firmantes para pedir a las Cortes una nueva Ley de Partidos con las características anteriores.

Solicitamos su adhesión a esta petición a través de esta web:

 http://porunanuevaleydepartidos.es/manifiesto/

Entrevista: Luisa Martín (JER) y Carlos Hermida (RPS)


JER logo  Republicanos 2

Entrevista: Luisa Martín (JER) y Carlos Hermida (RPS)     

1.   ¿Cómo definiríais la JER?

La JER está integrada por un amplio conjunto de organizaciones, colectivos y personas que comparten el ideal republicano y  tienen el compromiso de trabajar para traer a España la III República. En mi opinión, puede ser un instrumento para crear un Bloque Popular Republicano.

2.   ¿Cómo surgió? ¿Cuáles son sus objetivos?

La Junta Estatal Republicana (JER), fue creada a raíz del I Encuentro Estatal Republicano, celebrado en Madrid en el salón de actos del Club de Amigos de la Unesco (CAUM) el 21 de enero de 2012.

En el II Encuentro Estatal Republicano, celebrado en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), el 19 de enero de 2013, han quedado claramente definidos sus objetivos: la ruptura con el actual régimen y la instauración de una República federal, laica, solidaria, que tenga a la ciudadanía como elemento central y protagonista de la política y que implante un modelo económico que otorgue prioridad al sector público. Esa República debe hacer realidad la aspiración de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del criminal régimen franquista.

 3.   La multitudinaria respuesta ciudadana (más de 20.000 asistentes) a la convocatoria de la manifestación del 14 de abril pasado en Madrid, ¿Abre un nuevo escenario? ¿Esperabais ésa respuesta? ¿A qué se debió?

La masiva a asistencia a la manifestación del 14 de abril se ha debido en buena medida a los casos de corrupción que afectan a la familia real, lo que ha hecho aumentar la indignación de los ciudadanos, golpeados por la crisis económica y los recortes sociales.  Esta manifestación abre un nuevo escenario político en cuanto que un sector importante de la sociedad se cuestiona abiertamente la monarquía.

4.   Según vuestra opinión, ¿Cuáles han sido los errores del movimiento Republicano en España? ¿Cómo se deberían corregir? ¿Qué estáis haciendo al respecto?

El movimiento republicano en España ha tenido en muchas ocasiones un carácter puramente testimonial, reivindicando la II República, pero sin objetivos políticos. Esta situación ha cambiado con la formación de la FEDERACIÓN REPUBLICANOS. Nosotros tenemos un programa y unos objetivos precisos: acabar con la monarquía e implantar en España la República democrática de trabajadores de toda clase y Federal.

5.   Si juego a completar frases con un chico o chica de 20 años, aquí en España, y le digo: -“7 de julio”- en un 98% de los casos me contestará, rápidamente: “San Fermín”.  Pero, si le digo: -“14 de abril”-, en un alto porcentaje de los casos, dudará, o dirá que no sabe relacionar ésa fecha con un acontecimiento destacado… unos pocos responderán correctamente diciendo que: – el “Día de la República Española”-  otros, los que menos, completarían el pareado con  -“Los Borbones a Estoril!”- ¿Estáis de acuerdo con mi hipótesis?

Es cierto que hay un profundo desconocimiento histórico sobre la II República, pero en mi opinión eso está cambiando. Cada vez hay más jóvenes interesados por lo que realmente ocurrió en España durante el primer tercio del siglo XX.

 6.   La enseñanza de la historia en España, ¿Se sigue centrando en la España Imperial de Felipe II (Siglo XVI),  la Restauración Borbónica de Alfonso XII (1874), y en la Constitución de 1978, “pasando de puntillas” por otros temas? (Si es así, ¿Por qué?)

En 2º de bachillerato se estudian  la II República, la Guerra Civil y el franquismo. Ahora bien,  otra cuestión es el tratamiento que ofrecen los libros de texto y la explicación de los profesores. También se han difundido determinados planteamientos neofranquistas que carecen del mínimo rigor histórico. Son panfletos fascistas, pero se venden. Hay que combatir estas interpretaciones.

 7.   Las referencias a la identidad de España, ¿Siguen siendo “El altar y el trono” (es decir, la iglesia y la monarquía),  como señalaba la constitución de 1812? ¿Seguimos miramos más hacia el pasado que hacia el futuro? ¿Corremos el riesgo de quedarnos petrificados mirando hacia atrás…?

En primer lugar, la constitución de 1812 era muy avanzada, y fue un ejemplo para otras constituciones europeas y americanas.  No se puede encerrar su contenido en esa referencia al altar y el trono que se hace en la pregunta. La derecha española sí que sigue manteniendo una serie de mitos sobre la identidad española, absolutamente reaccionarios, y que nada tienen que ver con la realidad histórica.

 8.   Muchos opinan que los republicanos españoles “tan solo son un pequeño grupo de nostálgicos” cuyo objetivo no va más allá que el de intentar “reeditar” la II República. ¿Qué les diría?

Los republicanos no somos nostálgicos. La II República es un referente fundamental, pero miramos hacia el futuro, queremos transformar este país. Gracias a nuestro trabajo el sentimiento republicano se está extendiendo y no dude de que la República será una realidad en España

9.   El movimiento Republicano en España está constituido por numerosas agrupaciones con diferentes sensibilidades muy heterogéneas; desde socialistas, comunistas, marxistas, agnósticos, católicos, sindicalistas, etc. etc. Se habla de unidad, de consenso, pero, ¿Cómo construir un frente común?

Desde REPUBLICANOS consideramos fundamental  formar un bloque social republicano, un frente popular, para traer la República y para ello es necesaria la unidad de la izquierda. Esa unidad no significa que las diferentes organizaciones renuncien a sus siglas, ni  a su pasado ni a sus programas. Lo que significa es apartar lo que nos divide y sumar lo que nos une, como se hizo en febrero de 1936, cuando se constituyó el Frente Popular.

10. El objetivo: La República, sin duda. Pero, ¿qué República? ¿Una República Federal Española? ¿Consideráis el Federalismo como opción?

Aspiramos a una República democrática de trabajadores de toda clase y federal. Este tipo de República representará los intereses de un nuevo bloque de poder, integrado por la clase obrera, pequeña y mediana  burguesía, clases medias e intelectuales, frente al bloque de poder oligárquico actual, y llevará a cabo profundas transformaciones económicas.  Esta República será FEDERAL, porque creemos que es la única fórmula  capaz de satisfacer las aspiraciones de las nacionalidades históricas de España, manteniendo la convivencia entre sus diferentes pueblos.

11. Vivimos un momento político interesante: En España, en los últimos 2 años hemos visto nacer el Movimiento 15M, “Los Indignados”, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH); el ascenso en votos y escaños de pequeños grupos políticos de izquierdas y nacionalistas; al movimiento “Democracia Real Ya” (DRY)* plantearse concurrir a las próximas elecciones como partido político, tomando como ejemplo al “Movimiento 5 Estrellas” italiano ¿Es el momento de un “fin de ciclo” político en España?

Efectivamente, estamos al final de un ciclo político. El modelo surgido de la Transición está agotado. La monarquía y la Constitución de 1978 son una rémora para el avance democrático, social y económico de nuestro país. Hay que realizar una verdadera ruptura democrática y eso solo se puede hacer en clave republicana.

12. El juez Baltasar Garzón, recientemente se ha pronunciado en relación a su posible participación en política. ¿Qué valoración hacéis?

Baltasar Garzón,  como cualquier ciudadano, tiene todo el derecho a intervenir en la vida política.  La cuestión es con qué programa y con qué objetivos.  Si lo que aspira es a reformar la Constitución y las instituciones, fracasará. Este sistema no puede reformarse. Debe ser demolido y sustituido por otro régimen.

13. Las estadísticas certifican el creciente desafecto y descrédito de los ciudadanos por los “partidos tradicionales” (PP / PSOE) y las instituciones surgidas en la “Transición”. ¿Estamos asistiendo al fin del bipartidismo en España? ¿Es necesaria la regeneración política? ¿Cree que habría que cambiar la ley de partidos?

Sí. Hay que cambiarlo todo. La única regeneración posible es la que traerá la República. Pero no hay regeneración posible –insisto–dentro de la monarquía. Su origen es el franquismo, lleva la huella genética del fascismo y por esta razón el actual sistema no es democrático. Fue diseñado por los mismos que gobernaron este país  durante la criminal dictadura de Franco.

14. Como indicadores de “Calidad Democrática” podríamos señalar, entre otros, la participación activa de los ciudadanos en la vida política, la exigencia de transparencia,  la demanda de que los políticos cumplan con la legalidad,  denunciando y propugnando tolerancia cero con la corrupción y los privilegios. En democracia, la política, es cosa de todos. Ya no es suficiente con ir a votar cada 4 años.  ¿Están nuestros políticos a la altura de las circunstancias?

La democracia es participación activa y real de los ciudadanos en la política. Si todo se reduce a votar cada cuatro años, eso no es más que apariencia de democracia, una falsa democracia.  Esto es lo que ocurre actualmente.

La mayoría de los políticos actuales no solo no están a la altura de las circunstancias, sino que constituyen una casta política corrupta. Ahora bien, es un grave error afirmar que todos los políticos son iguales. Algunos políticos, sí son iguales, pero otros no lo son. Además de un error, esta afirmación es peligrosa porque abre la puerta al fascismo, con su demagogia antipolítica y su falso mensaje de “ni derechas ni izquierdas”.

15. Y, alguna cosa más que queráis añadir….

 Solo añadir que la monarquía es el problema y la República la solución.  La república nos devolverá la libertad, la justicia social y la soberanía nacional. En nombre de RPS y JER, muchas gracias por esta entrevista.

 Luisa Martín (JER) – http://jer-spain.blogspot.com.es/

Carlos Hermida ( RPS) – http://federacion.republicanos.info/

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*MANIFIESTO ‘DEMOCRACIA REAL YA’

Martes, 17 de mayo del 2011

Somos personas normales y corrientes. Somos como tú: gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y amigos. Gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean.

Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores. Unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos. Pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros .Por la indefensión del ciudadano de a pie.

Esta situación nos hace daño a todos diariamente. Pero si todos nos unimos, podemos cambiarla. Es hora de ponerse en movimiento, hora de construir entre todos una sociedad mejor. Por ello sostenemos firmemente lo siguiente:

Las prioridades de toda sociedad avanzada han de ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas.

Existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en estas sociedades: derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal, y derecho al consumo de los bienes necesarios para una vida sana y feliz.

El actual funcionamiento de nuestro sistema económico y gubernamental no atiende a estas prioridades y es un obstáculo para el progreso de la humanidad. La democracia parte del pueblo (demos=pueblo; cracia=gobierno) así que el gobierno debe ser del pueblo. Sin embargo, en este país la mayor parte de la clase política ni siquiera nos escucha. Sus funciones deberían ser la de llevar nuestra voz a las instituciones, facilitando la participación política ciudadana mediante cauces directos y procurando el mayor beneficio para el grueso de la sociedad, no la de enriquecerse y medrar a nuestra costa, atendiendo tan sólo a los dictados de los grandes poderes económicos y aferrándose al poder a través de una dictadura partitocrática encabezada por las inamovibles siglas del PPSOE.

El ansia y acumulación de poder en unos pocos genera desigualdad, crispación e injusticia, lo cual conduce a la violencia, que rechazamos. El obsoleto y antinatural modelo económico vigente bloquea la maquinaria social en una espiral que se consume a sí misma enriqueciendo a unos pocos y sumiendo en la pobreza y la escasez al resto. Hasta el colapso.

La voluntad y fin del sistema es la acumulación de dinero, primándola por encima de la eficacia y el bienestar de la sociedad. Despilfarrando recursos, destruyendo el planeta, generando desempleo y consumidores infelices.

Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecer a una minoría que no sabe ni de nuestras necesidades. Somos anónimos, pero sin nosotros nada de esto existiría, pues nosotros movemos el mundo. Si como sociedad aprendemos a no fiar nuestro futuro a una abstracta rentabilidad económica que nunca redunda en beneficio de la mayoría, podremos eliminar los abusos y carencias que todos sufrimos. 


Es necesaria una Revolución Ética. Hemos puesto el dinero por encima del Ser Humano y tenemos que ponerlo a nuestro servicio. Somos personas, no productos del mercado. No soy sólo lo que compro, por qué lo compro y a quién se lo compro. 

Por todo lo anterior, estoy indignado.

Creo que puedo cambiarlo.

Creo que puedo ayudar.

Sé que unidos podemos.

Sal con nosotros. Es tu derecho.

 

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Referencias/ Enlaces: