Notas para una Reforma de la Constitución Española de 1978

Portada Constitucion 78

 “Notas para una Reforma de la Constitución Española de 1978”

Andrés Boix – Universidad de Valencia

Hay razones para pensar que quizás ha llegado el momento de iniciar el esfuerzo para lograr un cambio profundo y dar la vuelta al país como a un calcetín es cierto que, en estos momentos, no faltan. El “catacrac” (colapso) institucional, social y económico en que se encuentra España en la actualidad creo que no es apenas discutido por nadie. Tampoco lo es que entre las causas del mismo hay muchas que tienen que ver con el Derecho, esto es, con la forma en que hemos decidido organizarnos. Y algunas de ellas, qué duda cabe, seguro que tienen que ver con las normas que regulan en un nivel muy básico nuestras instituciones, esto es, la Constitución.

Por otro lado, es evidente que, en ocasiones, y sobre todo cuando hablamos de dinámicas sociales, los cambios, sean más o menos profundos, no necesitan sólo de ser acometidos. También tienen que “notarse”, tienen que verse y sentirse como importantes. Es muy probable que España no necesite sólo cambiar algunas reglas, dar una mano de pintura a la superficie del invento y aspirar con esos retoques a que todo vaya mejorando a partir de unas bases ya alcanzadas. No es descabellado pensar que hace falta algo más, algo que sirva como instrumento catárquico/ de catársis para que, más allá del Derecho, de las normas, de las reglas e incentivos que suponen, se renueve una especie de pacto social 2.0, nos comprometamos una ética pública mejorada y, también, más optimista. Para ello una ruptura constitucional aporta componentes emocionales y simbólicos que una mera lista de retoques, más o menos afortunados, no puede aspirar a proporcionar. Es, por ejemplo, y salvando las distancias, uno de los atractivos del llamado “proceso” catalán que cada vez suma más adeptos a la independencia. La idea no ya de empezar de cero sino de que lo parezca, al menos, un poco, de que quede casi todo por hacer y diseñar, de poder programar aspirando a hacerlo todo mejor, de que incluso los errores queden (como algo siempre posible, inevitable en cierta medida) en el futuro más que en el pasado, es indudablemente atractiva. Todo ello, también, apoya los argumentos en favor de iniciar un proceso constituyente. O de intentarlo, al menos.

Y, sin embargo, personalmente, no creo que sea en este momento el más adecuado trabajar por una ruptura. Muchas razones, desde las más pragmáticas a las que se refieren a una evaluación que pretende ser más objetiva de la situación, me hacen personalmente decantarme por pensar que va a ser más rentable, en estos momentos, trabajar pensando en una (buena) reforma constitucional. Allá van, sintetizadas, algunas de estas razones.

1. ¿Estamos en un momento que permita aglutinar a la sociedad en favor de superar el actual marco constitucional? Sinceramente, no lo creo. Y no lo creo, básicamente, porque casi todos los grandes hartazgos sociales tienen que ver con la economía (este contexto de desilusión general que vivimos, de hecho, no es una excepción a esta regla), pero a día de hoy una gran mayoría de la población española está más asustada respecto de lo que pueda deparar el futuro en materia de pérdidas de derechos o de nivel de vida y cómo proteger lo que queda de bienestar a la europea (entendido en términos de la segunda mitad del siglo XX) que de luchar por lograr nuevas cotas en esos dominios. Vamos, que no es tanto que la sociedad mire al futuro sino que piensa en un “Virgencita, virgencita…”, lo que revela más pasión por conservar lo que se pueda de lo que ya hay que por transformar en profundidad nada. En este sentido, la crisis económica, por dura que esté siendo, no ha llegado (ni es de esperar que llegue, tampoco de desear) a unas cotas de pobreza tales que genere un malestar social tan intenso como para que se produzca un deseo de cambio radical y total. Los niveles de riqueza alcanzados en Occidente, especialmente en Europa, y por ello en España, en las últimas décadas permiten la existencia de redes de seguridad económicas y sociales que, también, son mecanismos de seguridad jurídicos respecto de la estabilidad del régimen y de las instituciones. Sinceramente, sin este necesario caldo de cultivo, es muy difícil pensar realistamente en una voluntad popular que pueda apoyar una ruptura.

2. ¿No hay nada aprovechable en la Constitución de 1978? Pues claro que lo hay. Antes al contrario, hay mucho. Casi todo. No tendría sentido desaprovecharlo y, aunque en un proceso constituyente no hay razones para no aprovecharlo, no pasa nada por visualizar que muchas cosas de la Constitución de 1978 están bien y han sido útiles. Es más, si analizamos las razones del descontento social, a la hora de la verdad, tampoco tantas de ellas (aunque algunas sí, quizás señaladamente las que se concretan en el grito “no nos representan”) tienen su trasunto constitucional. Parece, por esta razón, más sensato aprovechar la experiencia, usar lo que nos han enseñado estos años de régimen constitucional y construir a partir de lo bueno que ya tenemos, y habiendo detectado fallos y problemas, ponernos manos a la obra para reparar esos concretos problemas, sin dilapidar esfuerzos en otras cosas. Lo cual tiene la ventaja de ser más fácil desde todos los puntos de vista. Es más fácil ponernos de acuerdo, seguro, técnicamente, sobre los necesarios retoques que son precisos en tres o cuatro parcelas concretas; pero también políticamente (y una reforma constitucional es ante todo algo político) va a ser mucho más sencillo que se alcance el acuerdo de mínimos necesario para algo así (que es un acuerdo de mínimos amplio, por cierto, como es lógico) para poner algún parche y hacer las debidas reparaciones antes que para cambiarlo todo.

3. La Constitución española de 1978, además, tiene cosas bastante buenas, entre otras cosas que, por el momento en que fue pactada y redactada, a finales de los años setenta, permitió recoger un importante consenso jurídico en materia de garantías destilado a lo largo de todo el siglo XX y, sobre todo, después de la II Guerra Mundial. También, por esto de llegar los últimos, pudimos ponernos a copiar soluciones, lo que hace que, por ejemplo, en materia de derechos fundamentales y sus mecanismos de protección y defensa sea bastante completa y avanzada. Todo este legado debe ser valorado y protegido. Es más fácil hacerlo con una reforma más limitada. Por ejemplo, en materia de derechos fundamentales, vista la experiencia, se pueden plantear cambios que aporten a partir de la experiencia añadida (simbólicamente, por ejemplo, el derecho a la asistencia sanitaria universal podría introducirse, por mucho que las consecuencias prácticas de la introducción serían más bien escasas, al menos si nos comportamos con los inmigrantes irregulares como ha sido costumbre en España hasta hace bien poco) o que mejoren técnicamente preceptos con necesidad de clarificación en el propio texto (derecho de huelga, por ejemplo, o cuestiones técnicas como la protección de datos, mal resueltas en estos momentos aunque sean más un problema técnico que político) o incluso que eliminen derechos que no tiene sentido que sean fundamentales (referencia a los tribunales de honor del art. 26, e incluso el derecho de petición dela rt. 29), lo que podría ¡dejar sitio para algún derecho fundamental más!

4. La reforma, sobre todo si no toca contenidos del art. 168 CE (esto es, si no tocamos los primeros artículos, con la definición de las pautas básicas de convivencia, para bien o para mal; ni los derechos fundamentales; ni la Corona) puede ser extraordinariamente sencilla de acometer si hay consenso político para ello, como reformas express como la del art. 135 CE han demostrado. Se trata de una ventaja adicional, más allá de su empleo muy desafortunado hasta la fecha, que conviene no perder de vista, para dar curso a un sentir social y político mayoritario en un determinado sentido, en una determinada dirección. Porque que la Constitución se pueda reformar con facilidad si existe el suficiente respaldo para ello no sólo no es malo sino que es bueno. Aprovechemos la demostrada posibilidad que nos brinda nuestro modelo constitucional de poder hacerlo.

5. La Constitución española de 1978 también tiene carencias evidentes, y sobre ellas habría que detenerse. Lo cual, dicho sea de paso, es mucho más fácil de acometer si nos centramos en las mismas en lugar de iniciar un proceso mucho más amplio y ambicioso. Más allá de carencias simbólicas (continuidad con el antiguo régimen y ciertos elementos representativos icónicos), podemos listar ciertos aspectos donde sí parece que urge una reforma constitucional. Todos tienen que ver con el principal pecado original de la Constitución de 1978, su carácter dirigista, su elaboración “desde arriba” y con muy poca confianza en la participación popular “desde abajo”. Tienen además todos ellos la gracia de que podrían reformarse sin tocar las materias del artículo 168 (esto es, reforma procedimentalmente fácil, caso de que haya acuerdo político previo suficientemente amplio), si se quisiera:
– cuestión territorial, es decir, el famoso Título VIII, respecto del que hay cada vez más propuestas de reforma y parece que podemos acabar teniendo una cualquier día de estos; una reforma que sí o sí deberá incluir reformas en materia de financiación autonómica que la haga más sencilla, justa y corresponsable.
– participación ciudadana en la conformación de las decisiones legislativas, con más referéndums, posibilidades abrogatorias o más ámbito de la iniciativa legislativa popular, en la línea de las propuestas que, por ejemplo, ya han sido vehiculadas en algún parlamento autonómico con ayuda de algunos profesores universitarios;
– representación política y sistema electoral, donde quizás cambios profundos serían bienvenidos.

En el fondo, a mi juicio, tampoco habría que tocar mucho más de la Constitución porque creo mejor (y, en la práctica, la experiencia demuestra que difícilmente es de otro modo como se imponen ciertos derechos o medidas de reparto) que la Constitución se centre en las reglas del juego y que analicemos si son buenas y equilibradas o no.

6. Junto a ello, se podría plantear la conveniencia de reformas más de tipo simbólico, a efectos de lograr ese efecto de innovación, vía reforma, que lo asemeje en algo al “chute”/inyección/empuje” de optimismo social necesario que un proceso constituyente puede generar. Por ejemplo, reformando el Título II del texto constitucional, que sí requiere de acudir al procedimiento agravado de reforma del art. 168, y cambiando la forma de Estado. Vamos, liquidando de una vez una institución como la Monarquía, no sólo tóxica, sino encarnación de los problemas del régimen y de la ominosa continuidad del texto de 1978 con la dictadura franquista. La Constitución de 1978 tuvo muchas cosas buenas, también simbólicamente, y supuso el tránsito a un Estado democrático y de Derecho. Pero también, en este plano último, tuvo y tiene un principal pecado original: su dirigismo vertical y la poca confianza en el pueblo, heredada del régimen del que viene y del que no se quiso abjurar. Este pecado original, al estar esencialmente encarnado en la Monarquía y en la concreta dinastía designada por Franco para sucederlo en la Jefatura del Estado, tiene la ventaja, por ello, de tener fácil arreglo simbólico con una reforma que la sustituyera por una República. Y se obtendría el efecto purificador de la ruptura constituyente con una “simple” reforma.

7. Por último, mi opción posibilista y reformista, también, tiene que ver con el pragmatismo. Pragmatismo a dos niveles, por un lado porque me parece bueno que ciertos consensos constitucionales que se plasmaron en 1978 es mejor que no sean puestos en cuestión (sobre todo, en materia de garantías) y eso siempre es más fácil de blindar en un contexto de reformas parciales que caso de que todo sea puesto en cuestión en un proceso constituyente. Es decir, por expresarlo con franqueza, que no me siento muy inclinado a poner en riesgo muchos de los derechos y garantías que actualmente ofrece nuestro marco constitucional. Riesgo que, sin duda, existe cuando nos metemos en una reforma total porque, como es obvio, todo se vuelve a poner o no, a reescribir i reinterpretar. Sobre unas cosas habría más debate y se prestaría más atención. Otras muchas, en cambio, pasarían inadvertidas, quedarían en segundo plano y podrían ser cambiadas, para bien o para mal, con menos consenso y debate del que se requiere para actuar sobre ellas aisladamente. Sinceramente, prefiero no correr ese riesgo, no sea que algunas pérdidas acabaran por este camino por ser más dolorosas que magras ganancias. No hay que perder de vista que iniciar una reforma constitucional puede servir “para ir a mejor” pero, también, y siempre desde el punto de vista de cada cual, “para ir a peor”. Pues bien, yo acepto que algo así ocurra en un contexto de debate público centrado y con posibilidades de que todos participen y presten atención a lo que se toca. Pero en un contexto de cambio masivo me da mucho miedo lo que se podría tocar por quienes más resortes controlan sin tener que pasar por los “peajes” democráticos y participativos que se derivan de tocar eso mismo si se hiciera más selectivamente.

Ahora bien, y sobre todo, mi oposición a reformar del todo el texto de nuestra Norma Fundamental se debe a que pienso que, más allá de un punto determinado, una Constitución no es tan importante. Ni, ojo, debe serlo tampoco. Por eso no he incluido en mis puntos de reforma propuestos, que sí juzgo esenciales, aspectos relacionados con la justicia social o material, el reparto, medidas de mayor garantía. Creo, y a la vista está, que esos derechos y condiciones se ganan (o no) día a día, con la legislación y las mayorías políticas, ganando esas batallas y no una lucha constituyente. A la vista está, por ejemplo, de lo ocurrido con nuestro ordenamiento en vigor, donde una Constitución de lo más “progresista” en términos de reparto luego no lo ha sido tanto en la práctica… porque eso se logra con otros mecanismos. Y no es algo que pase sólo con los derechos económicos y sociales, aunque quizás sea allí donde es más visible este efecto. Pasa en cualquier ámbito jurídico-constitucional al que miremos.

Así, con la Constitución de 1978 muchas cosas han sido posibles y muchas otras, en cambio, no. Pero no por causa de la Constitución. Pensemos en que se ha podido reformar, en un mes, su texto para meter un límite al déficit público, pero no, apenas, para nada más. Recordemos que en estos años se ha podido aprobar como una docena de reformas laborales pero no, en cambio, una ley de huelga. O entender a la jurisdicción española competente para juzgar a cualquier dictador que haya pisado el globo terráqueo, haya torturado y asesinado a españoles o no, pero, en cambio, no ha logrado que deje de haber calles y plazas que homenajean al Caudillo y sus huestes desperdigadas por toda la geografía española. Con la Constitución española se ha podido votar alegremente sobre temas de gran consenso, como la Unión Europea, en referéndum, pero en cambio no se puede votar sobre algo mucho más conflictivo socialmente (y respecto de lo que, precisamente por ello, mucho más sentido tendría poder votar, como proponen muchas fuerzas políticas catalanas) como es la cuestión territorial. O ha sido posible dotar de parlamento y gobierno a Logroño y alrededores (300.000 habitantes) mientras Andalucía y Cataluña, que superan en población a la mitad de los países que conforman la Unión Europea, no tienen una efectiva autonomía fiscal y financiera (ni siquiera para recaudar impuestos) para poder asegurar el ejercicio de sus competencias (sean éstas mayores o menores). Con la Constitución de 1978 no ha sido posible que se deje de dar religión en el Colegio, pero sí que el Código penal siga penando la blasfemia y expandir los delitos de opinión y escarnio. Y también con la Constitución de 1978 han sido posible reformas en materia de seguridad ciudadana como la del 92, o la que se nos viene encima, o sucesivos pactos por la Justicia mientras es excepcional que alguien encarcelado por el Estado y cuya inocencia esportada después sea siquiera indemnizado por las molestias. Con la Constitución de 1978 ha sido posible ilegalizar partidos que suponían entre una quinta y una cuarta parte del electorado del País Vasco y, en cambio, ha sido imposible que los vecinos puedan participar efectivamente en la administración de sus municipios desde la base a partir de un control transparente y participativo… y así podríamos seguir con un listado de paradojas y contradicciones que abarcan muchas más cosas pero que, en general, apuntan siempre al mismo lugar: el régimen de 1978 tiene unos perfiles muy concretos y determinados, pero que son fruto no de la Constitución en sí misma sino de cómo hemos operado dentro de ella.

Pero todo eso, para bien o para mal, no ha tenido que ver con la Constitución de 1978. Ha tenido que ver con el concreto equilibrio de fuerzas y poderes que, desde 1978, tenemos en España y que, con ruptura o con reforma, con proceso constituyente o sin él, es lo que determina lo que somos como sociedad y por dónde iremos y cómo nos irán las cosas. Ahí es donde, más allá de los retoques (muchos de ellos necesarios y bienvenidos) en la Constitución española, debiéramos trabajar. En ganar esas batallas, porque son las que nos dibujan un país de un tipo o de otro. Conviene tenerlo muy presente.

Muy especialmente porque, por cierto, muy probablemente, las batallas que vienen, en forma de reforma (o reformas) constitucional(es) de mínimos, van a ir en esa línea. Y van a replicar algunos de los resultados arriba mencionados y las dinámicas de confrontación al uso (centro-periferia, elites-base, dirigismo-participación…). Conviene estar preparados siendo pragmáticos y más o menos conscientes de lo que se nos viene previsiblemente encima. Porque, al menos de momento, las cosas son como son y no parece que vayamos a contar con una rebelión masiva ciudadana desde la base frente a estas pretensiones y este modelo de hacer las cosas.

Andrés Boix

Prof. Derecho Constitucional

Univ. Valencia

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Los privilegios de la Iglesia Católica en España


LOS PRIVILEGIOS QUE MANTIENE LA IGLESIA CATÓLICA EN ESPAÑA,

 ES UNA HUMILLACIÓN AL ESTADO DE DERECHO.

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La Mezquita de Córdoba, es un monumento “inmatriculado” por la Iglesia Católica Española.

Francisco Delgado

Los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, mantienen la filosofía del concordato reina Isabel II de Borbón de 1851 y el franquista de 1953, por cierto este último oficialmente no derogado, todavía, aunque muchos de sus apartados fueron sustituidos por los acuerdos de 1976 y de 1979.

En su día estos acuerdos constituyeron una engaño a la “a-confesionalidad” que, aunque de forma muy ambigua, establecía la Constitución monárquica de 1978.

Pasados 35 años, los privilegios adquiridos por la iglesia católica oficial, no solo no se han difuminado, sino que han aumentado considerablemente en lo tocante a lo económico y tributario, en la cuestión de la Enseñanza y los servicios sociales e, incluso, en lo simbólico, con la complicidad de las diferentes mayorías parlamentarias y gobiernos que ha habido hasta hoy. Además, estos gobiernos, en muchas ocasiones se han dejado “intimidar” por los obispos en cuestiones de moral religiosa o la comparten como le pasa al actual del PP.

Contrariamente a la postura confesional de los poderes públicos, la sociedad española está ampliamente secularizada, esencialmente los más jóvenes. Lo avalan decenas de estudios sociológicos. Se declaran “católicos practicantes” uno de cada cinco ciudadanos y entre los menores de 35 años la cifra es de uno a diez. Los agnósticos, indiferentes, escépticos, librepensadores y ateos se aproximan al 30% entre los menores de cincuenta años. Los practicantes activos de otras religiones no católicas no llegan al 5% aproximadamente y los que viven su espiritualidad deísta o de otras múltiples formas, al margen de las corporaciones religiosas oficiales, se acercan al 50% de toda la población.

En cuanto a los privilegios que mantiene la iglesia católica española, hay cifras muy concluyentes de un rechazo ciudadano mayoritario que incluye la anulación de los Acuerdos con la Santa Sede.

En un estudio reciente que ha ofrecido la Cadena SER (mayo 2013), sobre “política y partidos”. Nos indica que un  60% de los votantes de todos los partidos apoyan que se eliminen los privilegios de la iglesia católica, producto del Concordato. Sólo están de acuerdo con esos privilegios un 22% de la población consultada, mientras que un 18% no se manifestaba. Pero es muy importante el dato siguiente, entre los votantes del PSOE son más del 81% los que se pronuncian en contra de dichos privilegios y, por ejemplo, entre los votantes de IU alcanza el 88%.

*Estudio completo en:  http://cort.as/3tC2

Los enormes privilegios de la Iglesia católica romana en España también molestan a muchas personas que se sienten católicas, incluso a eclesiásticos de relieve y a algunos teólogos. Por ejemplo hace unos meses los denominados “Cristianos de base de Madrid” han enviado una carta al actual presidente de Gobierno en la que manifiestan que “la actual situación supone un  anacronismo difícil de entender”, En cuanto a la Enseñanza expresan: “La educación en la fe religiosa pertenece a otro lugar, y a otros protagonistas: los templos, las sinagogas, las mezquitas, etc. Si hoy pervive es porque los Acuerdos con la Santa Sede garantizan y blindan para la Iglesia ese dominio ideológico, de las conciencias. Asimismo, nos parece totalmente irregular que sea el Estado el que pague a los profesores de religión y sean los obispos los que los elijan y los puedan expulsar a su conveniencia, al margen de la normativa que rige para el resto del profesorado“.

También reclaman al Gobierno del presidente Rajoy medidas en el ámbito social y cultural. “Los Acuerdos son también contrarios a la lógica democrática, ya que consolidan la casi omnipresencia de la Iglesia católica en instituciones y espacios que no son los suyos: hospitales, ejércitos, ceremonias civiles, etc., sin olvidar su constante intento de injerencia en las políticas sociales así como en el desarrollo legislativo regulador de los derechos civiles, la moral pública, la investigación, etc. Un poder de coacción moral incompatible con el pluralismo ético y cultural de la sociedad española y con el ejercicio de las libertades que consagra nuestra Constitución”.

En consecuencia, la misiva concluye reclamando del Estado “un marco jurídico nuevo que garantice el derecho de los ciudadanos a la libertad de conciencia moral, así como el compromiso por consolidar una ética pública basada en el respeto a los Derechos Humanos y a los principios y valores democráticos recogidos en la Constitución”. Añade que: “ninguna confesión religiosa ni cosmovisión alguna puede imponer sus códigos morales al conjunto de la sociedad, y que la libertad de conciencia es anterior y superior a la libertad de las organizaciones para difundir sus propias creencias y puntos de vista

En el ámbito económico, este grupo de católicos de base sostiene: “que tanto el Acuerdo sobre Asuntos Económicos como diferentes normas legales posteriores atribuyen a la Iglesia católica unos derechos que implican subvenciones, exenciones fiscales y facultades de apropiación patrimonial “inexplicables en un Estado democrático”. Añaden: “Por el contrario, la Iglesia Católica, la mayor propietaria de bienes inmuebles en España, incumple su compromiso de autofinanciación, tal como reconoció en los citados Acuerdos, y continúa reclamando incrementos en las subvenciones estatales que, en estos momentos, superan ya los 10.000 millones de euros al año”.

Casilla IRPF iglesia

Documento de la Declaración de la Renta (IRPF), en el que aparece una casilla para autorizar la donación del 0,7% de los ingresos a la Iglesia Católica Española.

Estamos ante una cuestión de voluntad política, no tiene nada que ver con lo aspectos jurídicos, como algunos políticos cínicos tratan de demostrar. Por ello Europa Laica, llevamos años (desde 2001 que se fundó) desarrollando Planes, Acciones y Campañas públicas, recogidas de firmas, denuncias, agitando y  tratando de generar un estado de opinión a favor del laicismo (como proceso político) y de la laicidad de las instituciones del Estado Español, respetuoso con todas las creencias (dentro de los cauces democráticos) con la intención de tratar de obligar a los políticos a:

  • Cambiar la legislación fiscal actual (Que permite a la iglesia católica la exención de diversos impuestos entre ellos el del IBI;  es decir, la iglesia católica no está obligada a pagar el impuesto sobre bienes inmuebles; el resto de los ciudadanos sí)
  • Cambiar la Ley hipotecaria y su reglamento vigente (Ésta ley permite la apropiación de bienes públicos por parte de la iglesia católica. Son las denominadas “Inmatriculaciones”)
  • Cambiar la legislación tributaria que permite que, con una parte del impuesto de la Renta de los ciudadanos se financie el culto, el clero y el proselitismo religioso.
  • Cambiar la legislación para que la religión salga de la escuela y para que no se financie, por parte del Estado, la enseñanza dogmática católica vía conciertos educativos (Además, muchos de éstos centros concertados, mantienen todavía la separación por sexo en las aulas).
  • Cambiar la legislación para acabar con la confesionalidad simbólica de las instituciones del Estado, incluida la Jefatura del Estado monárquica, producto de un legado franquista.

La iglesia católica en España, en el aspecto económico y por deducciones tributarias recibe del Estado más de 11.000 millones de euros al año. Es absolutamente opaca e inmensamente rica.  En los últimos 10 años ha conseguido apropiarse, por el sistema de inmatriculaciones, más de 4.500 propiedades públicas, entre ellas la Mezquita de Córdoba, con la complicidad de los poderes públicos

*(Toda esta información más detallada se puede obtener en: www.laicismo.org)

Hace unos años Gonzalo Puente Ojea (que fuera embajador de España en el Vaticano en el primer gobierno del PSOE) denunciaba como el presidente Felipe González le dijo: “Con la iglesia no se discute”. Esta es la cultura que desde el “poder político” a lo largo de estos 35 años se ha ido transmitiendo, de forma injusta…

Franco y Obispo Enrique Pla y Deniel en 1954, Palacio Real, Madrid

Francisco Franco y el Obispo de Toledo, Enrique Pla y Deniel, en 1954, Palacio Real, Madrid. Dictadura franquista e Iglesia Católica se apoyaron mutuamente.

No ya por cuestiones de electoralismo (en un país de supuesta mayoría católica) o por temor a las “movidas de los obispos”… sino, fundamentalmente, porque una serie de lobbys han venido actuando, impunemente, dentro de los partidos, como defensores de los privilegios históricos de iglesia católica, unas veces han actuado a favor de la jerarquía y sus “caprichos morales” y en otras, como ocurre en la actualidad, apoyando a su “obra social” que actúa de “disolvente” de los múltiples “pecados capitales” que comete el poder eclesial.

Esos lobbys católicos han tenido y tienen rostro (son personas a título individual o grupos organizados) que desde la época de la transición y desde el comienzo de  la democracia han actuado desde dentro de todos los partidos, algunas de estas personas (y sus “hijos” políticos actuales) fueron fieles colaboradoras del franquismo y dieron el salto a la “democracia” en un “abrir y cerrar de ojos”, apareciendo (sobre todo desde 1976) afiliados a partidos de la derecha, del centro y de la izquierda, unas veces desde posiciones políticas demócrata-cristianas y, también, a través desde el sindicalismo católico (*)…

La permanente coartada que las diferentes mayorías parlamentarias (Los partidos PSOE y PP, junto a otros grupos menores y los nacionalistas PNV y CIU) para no variar esta situación son el mantenimiento de unos Acuerdos que los califican de internacionales. Pero estos Acuerdos son una ficción jurídica, pues no son considerados como tales por la  Convección de Viena de 1969 (art 3), El Vaticano en realidad no es un Estado, pero, sobre todo, porque vulneran gravemente diversos principios de la Constitución de 1978, por lo que en virtud de todo lo anterior son nulos de pleno derecho (Art. 93 a 96 de la misma).

Hasta que no se cambie todo esto por unas mayorías parlamentarias, la iglesia católica seguirá disfrutando de un papel preponderante en lo económico y en lo simbólico, que se afianza en épocas de crisis a través de la denominada “Obra Social”. Cuando los poderes públicos, además objetan de cumplir con su papel compensador de desigualdades y están obsesionados con privatizarlo todo, dejan en manos de la Iglesia Católica ingentes recursos públicos para que aquella ejerza su particular “Caridad Cristiana”; lo que lleva a concretarse en unas aportaciones económicas millonarias a las corporaciones asistenciales y educativas de la Iglesia Católica.

Esta situación privilegiada, humillante de la democracia, la aprovecha la iglesia católica oficial para presionar al poder civil con su moral particular, eliminando derechos y libertades, esencialmente la libertad de conciencia y de expresión, en suma cancelando la dignidad humana.

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La Iglesia católica Española recibió alrededor 249 millones de euros de la casilla del Impuesto de la Renta el año pasado, según el diario español “Público”. Foto: Catedral de la Almudena, en Madrid.

Esta espiral diabólica que nos envuelve y nos destroza el progreso, la equidad y la justicia, nace de la ideología “neocons”, que se propician desde el sector financiero pero, también, desde poderosas corporaciones religiosas, que -esencialmente- asumen y consideran a la religión (en especial a la iglesia católica y a las evangélicas más conservadoras) como instituciones que aportan determinadas ideologías excluyentes y segregacionistas en el marco político, económico, social, filosófico y científico-“pseudo” con el auge del creacionismo y los barreras al progreso de la ciencia biológica.  Se están afianzando… pero también corren el peligro de la autodestrucción…

Estamos convencidos de que el camino hacia el Estado Laico es la utopía de las utopías, pero no por ello deja de ser la más bella la lucha. Por ello y por lo que el siglo de las luces nos descubrió… y que tratamos de seguir en esa estrella que nos ilumina, de fraternidad, solidaridad y justicia dentro de la res-pública.

Por lo tanto, entre otras diversas y urgentes medidas, es necesario:

1-Anulación de los Acuerdos con la Santa Sede y,

 2-Debate en el Parlamento de una Ley de Libertad de Conciencia. 

(Europa Laica, desde 2009, viene proponiendo un  texto articulado: http://www.laicismo.org/data/docs/archivo_123.pdf)

*Francisco Delgado. En la actualidad, es Presidente de Europa Laica

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(*) Modelo sindical propiciado por la “Encíclica” Rerum Novarum  de León XIII con la finalidad de aminorar la fuerza revolucionaria del “sindicalismo de clase” de finales del siglo XIX. En España se constituyen como Círculos Obreros, Hermandades, Cooperativas, Cajas y Montepíos y ya en 1916 se constituye la Federación Nacional de Sindicatos Católicos Libres, posible paso previo a la fundación de la HOAC. Sindicato que fue fundado en 1946,

Las dos caras de la iglesia: La Iglesia Católica advirtió en pleno franquismo  un creciente descontento de las masas por lo que no podía dejar de tener en cuenta las consecuencias que sobrevendrían si su Jerarquía continuaba, en su conjunto, apoyando a la dictadura, máxime cuando algunas personalidades católicas, seglares y eclesiásticas, empezaban a diferenciarse del régimen adoptando actitudes críticas, con este paso pretendían sentar las bases de un movimiento católico de oposición que pudiera reclamar el derecho a desempeñar un papel dirigente en la vida política española, en caso de caída del franquismo.

Los militantes obreros cristianos de la “Hermandad Obrera de Acción Católica” pasaron a desempeñar un papel muy importante en la reconstrucción del movimiento obrero español y su colaboración fue decisiva, tanto en la fundación de la USO (una parte de la misma recaló en la UGT posteriormente) como en la formación de las primeras Comisiones Obreras (CCOO), junto a destacados comunistas y obreros independientes.

“La iglesia católica (oficial o no): Una triple vía de actuación y asentamiento en la democracia”: La iglesia católica en la transición se afianzaba en el espacio político más rancio a través de una mayoría de los obispos, cardenales, grupos de seglares como Comunión y Liberación, OPUS, etc. dentro de los partidos de centro derecha y apoyando a la incipiente monarquía heredera del franquismo. Otros, se refugiaba en un nacionalismo político separatista (País Vasco y Cataluña) y, la tercera vía, a través de la denominada Obra Social, de algunos demócrata-cristianos y del sindicalismo católico, de oposición al franquismo, recalaban en los partidos de izquierda.

¿Qué son las inmatriculaciones?

La “inmatriculación” es una figura legal  que permite a la Iglesia Católica inscribir a su nombre en el Registro de la Propiedad  bienes que no estén inscritos con anterioridad, al amparo del art. 206 de la Ley Hipotecaria del 8 de febrero de 1946 y al Decreto Ley de José María Aznar de 1998, en el que se equiparaba a la Iglesia  Católica. Con las Corporaciones de Derecho Público, los municipios, las provincias y el Estado, equiparando a obispos o arzobispos con los funcionarios públicos a la hora de certificar que los bienes a” inmatricular” son de su propiedad.

Más información:

  • Reportaje (vídeo): “Con la iglesia hemos topado

http://www.rtve.es/television/20101209/repor-iglesia-hemos-topado/383158.shtml

DE FELIPE V A FELIPE VI: LA LUCHA DEL PUEBLO CATALÁN


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 Bandera Catalana - Señera  FelipeVI estelada

Francesc Xavier Hernàndez Cardona. Historiador. Profesor de la Universidad de Barcelona.

La Asamblea de Paz y Tregua de Toluges, convocada por el abad Oliva en 1033, inició un singular proceso de dialogo político en los condados catalanes que generó formas políticas participativas. Los Condes de Barcelona accedieron a gobernar consensuado leyes o “constituciones” con representantes de la nobleza, las ciudades y la iglesia, en el marco de un sistema de Cortes. Con el paso del tiempo el cuerpo de constituciones que limitaban el poder de los condes y reyes de Aragón se fue haciendo más voluminoso, configurandose en Cataluña un precoz sistema político constitucional, según el cual el rey debía respetar y cumplir las leyes pactadas en Cortes. Gracias a sus Constituciones, aumentadas progresivamente, el estado catalán pudo esquivar la voracidad de poder de los monarcas de los siglos XVI y XVII. En ese momento el fuerte sentimiento identitario catalán se basaba, como después sucedería con las revoluciones liberales, en los derechos y deberes marcados por la ley; es decir en una base más política que cultural. Era catalán todo aquel que gozaba de las libertades que garantizaban las Constituciones. Pero con la muerte, sin descendencia de Carlos II de Habsburgo, el 1700, y la entronización de Felipe V en las coronas hispánicas las cosas se complicaron en el contexto de lo que fue la primera gran guerra europea.

La Guerra de Sucesión Española fue un terrible enfrentamiento entres dos concepciones sobre el futuro de Europa, y del mundo. Luís XIV y su nieto, Felipe de Anjou, coronado como Felipe V de castilla, y I de los estados de Aragón tenían un proyecto de futuro muy claro: una dictadura totalitaria de carácter mundial que pretendía aniquilar cualquier veleidad constitucional. A partir del 1700, con Francia, los reinos hispanos y las respectivas colonias en sus manos Luís XIV acariciaba la monarquía universal. Frente a esta pretensión se oponían las potencias constitucionales proto-democráticas y proto-industriales: Inglaterra y Holanda, y la monarquía benevolente de Austria, respetuosa con las libertades de los pueblos a ella vinculados. Este frente de progreso proponía que el Archiduque Carlos, Carlos III, se hiciera cargo de los reinos y estados hispánicos. Carlos tuvo numerosos partidarios en Castilla y Aragón y contó con el apoyo entusiasta de Cataluña, el pequeño país que ostentaba el liderazgo en cuanto a experiencia y desarrollo constitucional proto-democrático y proto-industrial. La supervivencia del estado constitucional catalán dependía de la victoria de las fuerzas aliadas. Los catalanes, junto a aragoneses, valencianos, mallorquines y no pocos castellanos lucharon denonadamente contra la barbarie absolutista.     Sigue leyendo

Monarquías, Repúblicas y Democracia

MONARQUÍAS, REPÚBLICAS Y DEMOCRACIA

Miguel Ángel Presno Linera.
Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo.

           

            Presentación.-

A lo largo de la Historia se han venido sucediendo en los diferentes Estados sistemas monárquicos y republicanos, cada uno de los cuales ha experimentado, a su vez, distintas concreciones producto de un desarrollo centenario. Como es bien conocido, una forma simple de diferenciar entre monarquía y república es que en la primera la jefatura del estado se transmite de forma hereditaria y el desempeño del cargo es vitalicio, mientras que las repúblicas se caracterizan por la elección, popular o por otros órganos constitucionales, del jefe del estado y el desempeño de la función tiene carácter temporal. Sigue leyendo