La República que queremos

Edición Abril 2014 150px-LibertyEqualityorDeath

TITULARES:

 “La República que queremos” – Encuesta

  • ¿Qué características debería tener la III República Española?
  • ¿Cuáles deberían ser sus principios fundamentales?
  • ¿Cuáles deberían ser sus referentes?
  • ¿Cuáles deberían ser sus prioridades?
  • ¿Qué leyes debería promulgar?
  • ¿Qué leyes habría que derogar?
  • Etc….etc… ¡Participa!

POR UNA REPÚBLICA FEDERAL ESPAÑOLA DE TODOS Y PARA TODOS!

Análisis:

Además:

  • 1975 -2015: Cuarenta años de la monarquía de los Borbones en España    2015:¿Habrá Referéndum de la monarquía en España?
  • “El Megáfono”:

2004 – 2014: Aniversario de la boda de Felipe de Borbón:

Libros – 2 Reseñas:

  • El fracaso de la Monarquía” – Javier Castro-Villacañas
  • “Los mitos del 18 de julio” –  Ángel Viñas

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Twitter: @destinorepublic

#Larepublicaquequeremos

 

 Los artículos estarán disponibles en los próximos días. Disculpen las molestias.  Gracias.

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“La República que queremos” – Encuesta

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LA REPÚBLICA QUE QUEREMOS

Introducción

Después de 40 años de dictadura, España inició tímidos pasos hacia la democracia. Comparado con lo que teníamos, conseguimos mucho; comparado con lo que nos queda por avanzar, comprobamos con asombro, que ya comenzábamos a apoltronarnos con mínimos…. y casi nos habíamos conformado con la “demo” (una especie de simulación de democracia en diferido…) pero ahora vamos a por la “cracia”, a por el poder del pueblo.

“Ni corona ni heredero, la democracia somos el pueblo”.

La República

República proviene del vocablo latino “res” (cosa) pública, perteneciente al “populus” o pueblo, significando que el poder reside en el pueblo, que lo delega transitoriamente en sus representantes. Esta es una diferencia fundamental con los gobiernos monárquicos donde el soberano tiene carácter vitalicio, y muchas veces, hereditario.

Una característica fundamental del sistema de gobierno republicano es la división de poderes, constitucionalmente establecida, que son usualmente tres, divididos en cuanto a su funciones específicas: un órgano administrador, representado en el Poder Ejecutivo, otro “hacedor de leyes” llamado Poder Legislativo, y otro que tiene la misión de aplicar esas leyes en los casos específicos sometidos a su apreciación, que es el Poder Judicial.

Otras características de la República, son:

  • La igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.
  • Los gobernantes deberán ser responsables ante el pueblo que los eligió, por sus actos de gobierno.
  • La obligatoriedad de la publicidad de los actos de gobierno (transparencia); lo que significa que no deben ser secretos, sino que todos los actos de gobierno deben ser puestos a conocimiento de los ciudadanos para que puedan ser controlados. 

Los pilares fundamentales de la República

Los tres pilares fundamentales de la República según Aristóteles son:

  • La división de poderes y su control recíproco.
  • La participación política activa  por parte de los ciudadanos. Esto supone la publicidad de los actos estatales, la instrucción en aspectos básicos de cultura política y la exigencia de responsabilidades a los gobernantes.
  •  La representación de todas las clases sociales dentro de las instituciones de gobierno con iguales atribuciones y prevalencia de ninguna. (La accedencia a dichas magistraturas necesariamente colegiadas en razón de la materia debe ser restringida (el magistrado debe pertenecer a la clase que representa y ser elegido con el voto solo de ésta).

Es necesario considerar que para Aristóteles, los fines supremos de las formas de gobierno deben ser:

  • La libertad = igualdad (“solo somos libres entre iguales)”
  • La realización de la justicia y del bien común.
  • La realización plena del desarrollo de las capacidades cognitivas humanas (para lo cual considera necesaria la realización de los dos puntos anteriores siguiendo el concepto fundamental de Sócrates [BIEN=VERDAD. Según el cual el bien es igual a la verdad y el mal a la ignorancia ]
  • De esto se advierte que si sólo somos libres entre iguales no puede haber una clase gobernante, deben gobernar todas por igual

República y Democracia

El término democracia proviene del antiguo griego (dḗmos, que puede traducirse como «pueblo») y κράτος (krátos, que puede traducirse como «poder»).  

Así, la república es el gobierno de la ley; mientras que democracia significa el gobierno del pueblo.

Por lo tanto, la democracia admite gradaciones, en el sentido que podrán existir formas de gobierno que se acerquen más al ideal de Igualdad = Libertad; en tanto en cuanto las leyes estén al servicio de los ciudadanos y emanen del pueblo.  

La definición mínima de democracia: Para que un gobierno pueda considerase mínimamente democrático, tiene que tener por lo menos: sufragio universal, masculino y femenino; elecciones libres, competitivas, recurrentes, correctas; más de un partido; y más de una fuente de información.

En el ámbito de las democracias que están por encima de ese umbral mínimo, será necesario ver empíricamente qué tanto del recorrido se ha cumplido o pueda cumplirse para la realización más plena de los dos objetivos centrales de una democracia ideal: libertad e igualdad

“Democracia de calidad es aquélla que desarrolla satisfactoriamente procedimientos destinados a favorecer la libertad y la igualdad civil y política, y cuyas políticas públicas satisfacen las demandas de los ciudadanos.”

Desarrollo Democrático: Mecanismos de participación política

No se trata solo de ir a votar cada 4 años: Hay que exigir, hay que implicarse, hay que supervisar, hay que obligar a que se asuman responsabilidades, hay que estar despierto, hay que escuchar, debatir,  informarse, hay que “pelear” la democracia!

Estas son algunas formas directas de participación, son mecanismos de opinión y de elección pública:

  • Iniciativa popular: Es un derecho que se le otorga a la ciudadanía para que presente proyectos de ley y normas ante la corporación publica respectiva.
  • Referendo: Es la consulta que se le hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente.
  • Consulta popular: Es un mecanismo a través del cual, una pregunta de carácter general, sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, de distrito o local, es sometida por el Presidente, Gobernador, Alcalde, según el caso, a considerar del pueblo para que este se pronuncie formalmente al respecto.
  • Cabildo abierto: Es una reunión pública de los consejos de distrito, municipales o de juntas administradoras locales en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.
  • Revocatoria del mandato (“Impeachment” en inglés): Es el derecho político por el cual, los ciudadanos dan por terminado el mandato que le han conferido a un Gobernador o Alcalde.

La encuesta se publicará después del verano o a partir de una muestra significativa.  Al finalizar la encuesta, debe presionar el botón “finish survey” para que las respuestas queden registradas . Ver listado abreviado de términos relacionados al final de la encuesta. Gracias.                                                                                                             

Enlace a la encuesta: http://cort.as/9MXS 

LA REPÚBLICA QUE QUEREMOS – Encuesta: 

    Listado abreviado de términos relacionados (entrar en los enlaces):

 

YO ELIJO: YO, REPÚBLICA.

 NO QUEREMOS SER SÚBDITOS, QUEREMOS SER CIUDADANOS: ELEGIMOS REPÚBLICA.

ADIÓS MONARQUÍA: ELEGIMOS REPÚBLICA.

¡TRABAJAMOS JUNTOS A POR LA REPÚBLICA FEDERAL ESPAÑOLA!

¡Muchas gracias por vuestra participación!

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Notas para una Reforma de la Constitución Española de 1978

Portada Constitucion 78

 “Notas para una Reforma de la Constitución Española de 1978”

Andrés Boix – Universidad de Valencia

Hay razones para pensar que quizás ha llegado el momento de iniciar el esfuerzo para lograr un cambio profundo y dar la vuelta al país como a un calcetín es cierto que, en estos momentos, no faltan. El “catacrac” (colapso) institucional, social y económico en que se encuentra España en la actualidad creo que no es apenas discutido por nadie. Tampoco lo es que entre las causas del mismo hay muchas que tienen que ver con el Derecho, esto es, con la forma en que hemos decidido organizarnos. Y algunas de ellas, qué duda cabe, seguro que tienen que ver con las normas que regulan en un nivel muy básico nuestras instituciones, esto es, la Constitución.

Por otro lado, es evidente que, en ocasiones, y sobre todo cuando hablamos de dinámicas sociales, los cambios, sean más o menos profundos, no necesitan sólo de ser acometidos. También tienen que “notarse”, tienen que verse y sentirse como importantes. Es muy probable que España no necesite sólo cambiar algunas reglas, dar una mano de pintura a la superficie del invento y aspirar con esos retoques a que todo vaya mejorando a partir de unas bases ya alcanzadas. No es descabellado pensar que hace falta algo más, algo que sirva como instrumento catárquico/ de catársis para que, más allá del Derecho, de las normas, de las reglas e incentivos que suponen, se renueve una especie de pacto social 2.0, nos comprometamos una ética pública mejorada y, también, más optimista. Para ello una ruptura constitucional aporta componentes emocionales y simbólicos que una mera lista de retoques, más o menos afortunados, no puede aspirar a proporcionar. Es, por ejemplo, y salvando las distancias, uno de los atractivos del llamado “proceso” catalán que cada vez suma más adeptos a la independencia. La idea no ya de empezar de cero sino de que lo parezca, al menos, un poco, de que quede casi todo por hacer y diseñar, de poder programar aspirando a hacerlo todo mejor, de que incluso los errores queden (como algo siempre posible, inevitable en cierta medida) en el futuro más que en el pasado, es indudablemente atractiva. Todo ello, también, apoya los argumentos en favor de iniciar un proceso constituyente. O de intentarlo, al menos.

Y, sin embargo, personalmente, no creo que sea en este momento el más adecuado trabajar por una ruptura. Muchas razones, desde las más pragmáticas a las que se refieren a una evaluación que pretende ser más objetiva de la situación, me hacen personalmente decantarme por pensar que va a ser más rentable, en estos momentos, trabajar pensando en una (buena) reforma constitucional. Allá van, sintetizadas, algunas de estas razones.

1. ¿Estamos en un momento que permita aglutinar a la sociedad en favor de superar el actual marco constitucional? Sinceramente, no lo creo. Y no lo creo, básicamente, porque casi todos los grandes hartazgos sociales tienen que ver con la economía (este contexto de desilusión general que vivimos, de hecho, no es una excepción a esta regla), pero a día de hoy una gran mayoría de la población española está más asustada respecto de lo que pueda deparar el futuro en materia de pérdidas de derechos o de nivel de vida y cómo proteger lo que queda de bienestar a la europea (entendido en términos de la segunda mitad del siglo XX) que de luchar por lograr nuevas cotas en esos dominios. Vamos, que no es tanto que la sociedad mire al futuro sino que piensa en un “Virgencita, virgencita…”, lo que revela más pasión por conservar lo que se pueda de lo que ya hay que por transformar en profundidad nada. En este sentido, la crisis económica, por dura que esté siendo, no ha llegado (ni es de esperar que llegue, tampoco de desear) a unas cotas de pobreza tales que genere un malestar social tan intenso como para que se produzca un deseo de cambio radical y total. Los niveles de riqueza alcanzados en Occidente, especialmente en Europa, y por ello en España, en las últimas décadas permiten la existencia de redes de seguridad económicas y sociales que, también, son mecanismos de seguridad jurídicos respecto de la estabilidad del régimen y de las instituciones. Sinceramente, sin este necesario caldo de cultivo, es muy difícil pensar realistamente en una voluntad popular que pueda apoyar una ruptura.

2. ¿No hay nada aprovechable en la Constitución de 1978? Pues claro que lo hay. Antes al contrario, hay mucho. Casi todo. No tendría sentido desaprovecharlo y, aunque en un proceso constituyente no hay razones para no aprovecharlo, no pasa nada por visualizar que muchas cosas de la Constitución de 1978 están bien y han sido útiles. Es más, si analizamos las razones del descontento social, a la hora de la verdad, tampoco tantas de ellas (aunque algunas sí, quizás señaladamente las que se concretan en el grito “no nos representan”) tienen su trasunto constitucional. Parece, por esta razón, más sensato aprovechar la experiencia, usar lo que nos han enseñado estos años de régimen constitucional y construir a partir de lo bueno que ya tenemos, y habiendo detectado fallos y problemas, ponernos manos a la obra para reparar esos concretos problemas, sin dilapidar esfuerzos en otras cosas. Lo cual tiene la ventaja de ser más fácil desde todos los puntos de vista. Es más fácil ponernos de acuerdo, seguro, técnicamente, sobre los necesarios retoques que son precisos en tres o cuatro parcelas concretas; pero también políticamente (y una reforma constitucional es ante todo algo político) va a ser mucho más sencillo que se alcance el acuerdo de mínimos necesario para algo así (que es un acuerdo de mínimos amplio, por cierto, como es lógico) para poner algún parche y hacer las debidas reparaciones antes que para cambiarlo todo.

3. La Constitución española de 1978, además, tiene cosas bastante buenas, entre otras cosas que, por el momento en que fue pactada y redactada, a finales de los años setenta, permitió recoger un importante consenso jurídico en materia de garantías destilado a lo largo de todo el siglo XX y, sobre todo, después de la II Guerra Mundial. También, por esto de llegar los últimos, pudimos ponernos a copiar soluciones, lo que hace que, por ejemplo, en materia de derechos fundamentales y sus mecanismos de protección y defensa sea bastante completa y avanzada. Todo este legado debe ser valorado y protegido. Es más fácil hacerlo con una reforma más limitada. Por ejemplo, en materia de derechos fundamentales, vista la experiencia, se pueden plantear cambios que aporten a partir de la experiencia añadida (simbólicamente, por ejemplo, el derecho a la asistencia sanitaria universal podría introducirse, por mucho que las consecuencias prácticas de la introducción serían más bien escasas, al menos si nos comportamos con los inmigrantes irregulares como ha sido costumbre en España hasta hace bien poco) o que mejoren técnicamente preceptos con necesidad de clarificación en el propio texto (derecho de huelga, por ejemplo, o cuestiones técnicas como la protección de datos, mal resueltas en estos momentos aunque sean más un problema técnico que político) o incluso que eliminen derechos que no tiene sentido que sean fundamentales (referencia a los tribunales de honor del art. 26, e incluso el derecho de petición dela rt. 29), lo que podría ¡dejar sitio para algún derecho fundamental más!

4. La reforma, sobre todo si no toca contenidos del art. 168 CE (esto es, si no tocamos los primeros artículos, con la definición de las pautas básicas de convivencia, para bien o para mal; ni los derechos fundamentales; ni la Corona) puede ser extraordinariamente sencilla de acometer si hay consenso político para ello, como reformas express como la del art. 135 CE han demostrado. Se trata de una ventaja adicional, más allá de su empleo muy desafortunado hasta la fecha, que conviene no perder de vista, para dar curso a un sentir social y político mayoritario en un determinado sentido, en una determinada dirección. Porque que la Constitución se pueda reformar con facilidad si existe el suficiente respaldo para ello no sólo no es malo sino que es bueno. Aprovechemos la demostrada posibilidad que nos brinda nuestro modelo constitucional de poder hacerlo.

5. La Constitución española de 1978 también tiene carencias evidentes, y sobre ellas habría que detenerse. Lo cual, dicho sea de paso, es mucho más fácil de acometer si nos centramos en las mismas en lugar de iniciar un proceso mucho más amplio y ambicioso. Más allá de carencias simbólicas (continuidad con el antiguo régimen y ciertos elementos representativos icónicos), podemos listar ciertos aspectos donde sí parece que urge una reforma constitucional. Todos tienen que ver con el principal pecado original de la Constitución de 1978, su carácter dirigista, su elaboración “desde arriba” y con muy poca confianza en la participación popular “desde abajo”. Tienen además todos ellos la gracia de que podrían reformarse sin tocar las materias del artículo 168 (esto es, reforma procedimentalmente fácil, caso de que haya acuerdo político previo suficientemente amplio), si se quisiera:
– cuestión territorial, es decir, el famoso Título VIII, respecto del que hay cada vez más propuestas de reforma y parece que podemos acabar teniendo una cualquier día de estos; una reforma que sí o sí deberá incluir reformas en materia de financiación autonómica que la haga más sencilla, justa y corresponsable.
– participación ciudadana en la conformación de las decisiones legislativas, con más referéndums, posibilidades abrogatorias o más ámbito de la iniciativa legislativa popular, en la línea de las propuestas que, por ejemplo, ya han sido vehiculadas en algún parlamento autonómico con ayuda de algunos profesores universitarios;
– representación política y sistema electoral, donde quizás cambios profundos serían bienvenidos.

En el fondo, a mi juicio, tampoco habría que tocar mucho más de la Constitución porque creo mejor (y, en la práctica, la experiencia demuestra que difícilmente es de otro modo como se imponen ciertos derechos o medidas de reparto) que la Constitución se centre en las reglas del juego y que analicemos si son buenas y equilibradas o no.

6. Junto a ello, se podría plantear la conveniencia de reformas más de tipo simbólico, a efectos de lograr ese efecto de innovación, vía reforma, que lo asemeje en algo al “chute”/inyección/empuje” de optimismo social necesario que un proceso constituyente puede generar. Por ejemplo, reformando el Título II del texto constitucional, que sí requiere de acudir al procedimiento agravado de reforma del art. 168, y cambiando la forma de Estado. Vamos, liquidando de una vez una institución como la Monarquía, no sólo tóxica, sino encarnación de los problemas del régimen y de la ominosa continuidad del texto de 1978 con la dictadura franquista. La Constitución de 1978 tuvo muchas cosas buenas, también simbólicamente, y supuso el tránsito a un Estado democrático y de Derecho. Pero también, en este plano último, tuvo y tiene un principal pecado original: su dirigismo vertical y la poca confianza en el pueblo, heredada del régimen del que viene y del que no se quiso abjurar. Este pecado original, al estar esencialmente encarnado en la Monarquía y en la concreta dinastía designada por Franco para sucederlo en la Jefatura del Estado, tiene la ventaja, por ello, de tener fácil arreglo simbólico con una reforma que la sustituyera por una República. Y se obtendría el efecto purificador de la ruptura constituyente con una “simple” reforma.

7. Por último, mi opción posibilista y reformista, también, tiene que ver con el pragmatismo. Pragmatismo a dos niveles, por un lado porque me parece bueno que ciertos consensos constitucionales que se plasmaron en 1978 es mejor que no sean puestos en cuestión (sobre todo, en materia de garantías) y eso siempre es más fácil de blindar en un contexto de reformas parciales que caso de que todo sea puesto en cuestión en un proceso constituyente. Es decir, por expresarlo con franqueza, que no me siento muy inclinado a poner en riesgo muchos de los derechos y garantías que actualmente ofrece nuestro marco constitucional. Riesgo que, sin duda, existe cuando nos metemos en una reforma total porque, como es obvio, todo se vuelve a poner o no, a reescribir i reinterpretar. Sobre unas cosas habría más debate y se prestaría más atención. Otras muchas, en cambio, pasarían inadvertidas, quedarían en segundo plano y podrían ser cambiadas, para bien o para mal, con menos consenso y debate del que se requiere para actuar sobre ellas aisladamente. Sinceramente, prefiero no correr ese riesgo, no sea que algunas pérdidas acabaran por este camino por ser más dolorosas que magras ganancias. No hay que perder de vista que iniciar una reforma constitucional puede servir “para ir a mejor” pero, también, y siempre desde el punto de vista de cada cual, “para ir a peor”. Pues bien, yo acepto que algo así ocurra en un contexto de debate público centrado y con posibilidades de que todos participen y presten atención a lo que se toca. Pero en un contexto de cambio masivo me da mucho miedo lo que se podría tocar por quienes más resortes controlan sin tener que pasar por los “peajes” democráticos y participativos que se derivan de tocar eso mismo si se hiciera más selectivamente.

Ahora bien, y sobre todo, mi oposición a reformar del todo el texto de nuestra Norma Fundamental se debe a que pienso que, más allá de un punto determinado, una Constitución no es tan importante. Ni, ojo, debe serlo tampoco. Por eso no he incluido en mis puntos de reforma propuestos, que sí juzgo esenciales, aspectos relacionados con la justicia social o material, el reparto, medidas de mayor garantía. Creo, y a la vista está, que esos derechos y condiciones se ganan (o no) día a día, con la legislación y las mayorías políticas, ganando esas batallas y no una lucha constituyente. A la vista está, por ejemplo, de lo ocurrido con nuestro ordenamiento en vigor, donde una Constitución de lo más “progresista” en términos de reparto luego no lo ha sido tanto en la práctica… porque eso se logra con otros mecanismos. Y no es algo que pase sólo con los derechos económicos y sociales, aunque quizás sea allí donde es más visible este efecto. Pasa en cualquier ámbito jurídico-constitucional al que miremos.

Así, con la Constitución de 1978 muchas cosas han sido posibles y muchas otras, en cambio, no. Pero no por causa de la Constitución. Pensemos en que se ha podido reformar, en un mes, su texto para meter un límite al déficit público, pero no, apenas, para nada más. Recordemos que en estos años se ha podido aprobar como una docena de reformas laborales pero no, en cambio, una ley de huelga. O entender a la jurisdicción española competente para juzgar a cualquier dictador que haya pisado el globo terráqueo, haya torturado y asesinado a españoles o no, pero, en cambio, no ha logrado que deje de haber calles y plazas que homenajean al Caudillo y sus huestes desperdigadas por toda la geografía española. Con la Constitución española se ha podido votar alegremente sobre temas de gran consenso, como la Unión Europea, en referéndum, pero en cambio no se puede votar sobre algo mucho más conflictivo socialmente (y respecto de lo que, precisamente por ello, mucho más sentido tendría poder votar, como proponen muchas fuerzas políticas catalanas) como es la cuestión territorial. O ha sido posible dotar de parlamento y gobierno a Logroño y alrededores (300.000 habitantes) mientras Andalucía y Cataluña, que superan en población a la mitad de los países que conforman la Unión Europea, no tienen una efectiva autonomía fiscal y financiera (ni siquiera para recaudar impuestos) para poder asegurar el ejercicio de sus competencias (sean éstas mayores o menores). Con la Constitución de 1978 no ha sido posible que se deje de dar religión en el Colegio, pero sí que el Código penal siga penando la blasfemia y expandir los delitos de opinión y escarnio. Y también con la Constitución de 1978 han sido posible reformas en materia de seguridad ciudadana como la del 92, o la que se nos viene encima, o sucesivos pactos por la Justicia mientras es excepcional que alguien encarcelado por el Estado y cuya inocencia esportada después sea siquiera indemnizado por las molestias. Con la Constitución de 1978 ha sido posible ilegalizar partidos que suponían entre una quinta y una cuarta parte del electorado del País Vasco y, en cambio, ha sido imposible que los vecinos puedan participar efectivamente en la administración de sus municipios desde la base a partir de un control transparente y participativo… y así podríamos seguir con un listado de paradojas y contradicciones que abarcan muchas más cosas pero que, en general, apuntan siempre al mismo lugar: el régimen de 1978 tiene unos perfiles muy concretos y determinados, pero que son fruto no de la Constitución en sí misma sino de cómo hemos operado dentro de ella.

Pero todo eso, para bien o para mal, no ha tenido que ver con la Constitución de 1978. Ha tenido que ver con el concreto equilibrio de fuerzas y poderes que, desde 1978, tenemos en España y que, con ruptura o con reforma, con proceso constituyente o sin él, es lo que determina lo que somos como sociedad y por dónde iremos y cómo nos irán las cosas. Ahí es donde, más allá de los retoques (muchos de ellos necesarios y bienvenidos) en la Constitución española, debiéramos trabajar. En ganar esas batallas, porque son las que nos dibujan un país de un tipo o de otro. Conviene tenerlo muy presente.

Muy especialmente porque, por cierto, muy probablemente, las batallas que vienen, en forma de reforma (o reformas) constitucional(es) de mínimos, van a ir en esa línea. Y van a replicar algunos de los resultados arriba mencionados y las dinámicas de confrontación al uso (centro-periferia, elites-base, dirigismo-participación…). Conviene estar preparados siendo pragmáticos y más o menos conscientes de lo que se nos viene previsiblemente encima. Porque, al menos de momento, las cosas son como son y no parece que vayamos a contar con una rebelión masiva ciudadana desde la base frente a estas pretensiones y este modelo de hacer las cosas.

Andrés Boix

Prof. Derecho Constitucional

Univ. Valencia

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 Más información:

 

 

CÁDIZ, 1812-2012: REFLEXIONES PARA UN BICENTENARIO

CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ, 1812-2012: REFLEXIONES PARA UN BICENTENARIO

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Portada y primera página de la Constitución de Cádiz, 1812.

Faustino Martínez Martínez

Dpto. Historia del Derecho y de las Instituciones

Facultad de Derecho. Universidad Complutense, Madrid.

 

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que hay dos visiones irreconciliables que atrapan entre sus redes a todo historiador: la del pasado que se trata de estudiar y la del presente desde donde se investiga. Se puede decir así que hay una Constitución de Cádiz de 1812, datada en tal fecha concreta, y otras, muchas, varias Constituciones de Cádiz interpretables, que se han ido leyendo y esbozando a lo largo de los siglos XIX, XX y ahora XXI. Hay una Constitución de Cádiz de la que nos hablan los diputados y personajes públicos doceañistas en sus textos, y hay otras Constituciones de Cádiz que parten de aquélla, se desenvuelven en lecturas singulares, partidistas y parciales, para llegar a otros destinos contemporáneos que no han de coincidir con el espíritu de esa carta magna aludida. Es preciso romper con la labor de intermediación protagónica que ciertos investigadores han venido desarrollando con sus construcciones y con sus exégesis, luego materializadas en discursos de varia orientación, dirigidos siempre a justificar presentes a partir de pasados, es decir, a anticipar soluciones constitucionales hodiernas en tiempos preconstitucionales, a proyectar hacia épocas pretéritas lo que son creaciones típicamente contemporáneas, tratando de conseguir mayores dosis de legitimidad a través del recurso al tiempo. Nuestra labor no es participar en y del legado gaditano, no es inmiscuirnos en su formación y desarrollo, ni reproducir los debates o las polémicas más significativas tomando partido por unos u otros; tampoco conectar ese pasado con el presente, sino observarlo, analizarlo, comprenderlo e imbricarlo en su correspondiente instante, que es donde tiene que estar y es donde ha de ser verdaderamente comprendido en su más estricta pureza. Cádiz es un mundo del pasado que ya no está y que ya no es para nosotros, que no tiene existencia más que como sencilla efemérides. Debe ser captado de acuerdo con su propia cultura constitucional y no de acuerdo con la cultura constitucional que aparecerá tiempo después. Debemos recordarlo y debemos recordarlo tal y como se produjo en la medida en que los testimonios lo permitan. A ese pasado, pues, es al que hay que volver si se quiere entender lo que allí sucedió entre 1810 y 1812.

Basta abrir cualquier ejemplar de la Constitución de Cádiz para comprobar que nos hallamos ante un Constitución Política de la Monarquía Española. El simple título ya nos da muchas pistas acerca del destino que ha de impulsar la investigación. Constitución política significa, en el lenguaje de la época, que no es la única forma o manera bajo la cual se presenta un texto constitucional en ese tiempo dado. El adjetivo calificativo es algo más; se eleva por encima de cualquier mera descripción y tiene carácter definidor de la esencia de aquel sustantivo al que acompaña de modo inescindible. Hay una Constitución que se dice política, vinculada a la libertad que así se califica, de lo que se infiere que hay otra suerte de Constituciones al margen de ésta (militar, fiscal, eclesiástica, etc.), las cuales, en principio, quedan excluidas de la dinámica que el texto gaditano dice encarnar y quiere dirigir. Su objeto no es lo político y, dentro de este contexto, tampoco la libertad política, materia principal que se trata de asegurar en primera instancia a través de la Constitución misma así calificada. Ése es su cometido primigenio. Garantizar la libertad política y fortalecerla por vías constitucionales. Luego vendrá asimismo la libertad civil de los individuos que forman la Nación, pero lo primero, lo que ha de construirse o reconstruirse en lugar preeminente es el edificio político, con sus poderes o potestades, con su moderación gubernativa, con su felicidad pública como objetivo de toda acción del poder, con los deberes de los ciudadanos antes que con sus derechos, con la obediencia, la sujeción, el sometimiento. Todo esto forma la base esencial, el esquema monárquico-nacional para que la libertad política sea recuperada tras años de olvido y desprecio, y sea asegurada de cara al futuro. En el fondo de todo esto, la Nación, antes que el individuo, está esperando la rehabilitación de este cauce de relaciones de dominación que implica aquella libertad que alumbra el arranque de la Constitución. Y la Nación acaba por comparecer con ciertas notas definitorias. La libertad la vuelve a edificar con solidez, apuntalamientos y ajustes mínimos. Esta tal libertad concebida en términos hispánicos, esto es, en términos católicos, que suponen el seguimiento, la aceptación y el acatamiento incondicionados de todos aquellos mandatos expedidos por una autoridad soberana debidamente formada y potencialmente legítima dentro de los cauces éticos (religiosos, esto es, católicos) que sirven de fundamento a todo el edificio público, supone la articulación de un aparato complejo de poderes, derechos y deberes que responde a unas exigencias concretas, a una visión muy singular de tal libertad, ligada más a las concepciones teológicas de los tiempos preconstitucionales que a los espacios individuales abiertos y generales que supone la libertad en su moderna acepción ya definitivamente constitucional. Los artículos 13 y 14 de la Constitución serán claros en este sentido y dan la clave de aquello que se quiere reconstruir de modo sucesivo: felicidad de la Nación, bienestar de los individuos que la componen y Monarquía moderada, como culminación política de todo esto y garantía final de la efectividad de tal libertad. De la Nación, pasando por los individuos, hasta llegar a la forma de poder solidificada. El adjetivo, por ende, no califica sin más al sustantivo, sino que desempeña una labor más profunda: introduce unas coordenadas públicas de deber, de obediencia, de sumisión, de sometimiento, por donde va a fluir la vida constitucional futura, todo ello de acuerdo con el camino recto por el que había venido discurriendo la vida constitucional pasada o por el que debería haber transitado aquélla. Eludiendo abstracciones, el objeto que se persigue no es la libertad etérea, la libertad sin más, incondicionada, sola y pura, sino una cúmulo de libertades específicas, varias de ellas en formas dispares, articuladas en torno a y presididas por la noción capital de libertad política que es la única capaz de tutelar efectivamente a la Nación y, tras ella, a los individuos que la componen, una libertad dirigida a asegurar los fundamentos de la Monarquía Nacional que presidía todo el diseño constitucional antes que a asegurar espacios de inmunidad para todos y cada uno de los ciudadanos. La libertad política es fuente de las restantes libertades, pero no es individual, sino nacional (al menos, en primera instancia), y no es natural, sino histórica. Una libertad, en suma, al servicio del poder, no al servicio del individuo ciudadano o súbdito. La libertad católica se centra en o pivota sobre la cuestión de la aceptación de lo que dice la autoridad legítimamente constituida antes que en la libertad misma: es la facultad para obedecer o para desobedecer, para hacer lo que es justo, de conformidad con el libre albedrío, pero siempre en el marco de unos cauces institucionales previos que acaban por condicionarla de modo extremo. La Constitución – y para ello basta leer los arts. 4, 6, 7, 8 y 9, con extensión al art. 366 – se plantean así en clave de deberes y no de derechos, en clave de obediencia y no de inmunidad y de exención, en clave – debemos repetirlo – de libertad antigua y no de libertad moderna. La singular lectura de la igualdad, mediatizada por unos códigos ansiados que no pasan de ser recopilaciones ancianas con mejor estilo, más perfectas y más completas, y un fuero único que brilla por su ausencia, además de corporaciones y gremios de todo tipo que no son erradicados del escenario social y político, tampoco ayudan a reforzar el carisma liberal del texto de 1812, ni mucho menos.

Pero es, leemos también, una Constitución protectora de la libertad política dirigida a un sujeto determinado y aquí es donde se halla un segundo componente relevante: la Monarquía Española (que no la Nación, que aparece, por tanto, subsumida en el conglomerado que aquélla, con el rey a la cabeza, implica: es una Monarquía de la Nación que, consecuentemente, ha de ser calificada como Nación monárquica sin ningún género de dudas). Esto nos coloca ante un espacio institucional y territorial complejo, compuesto, que es, al mismo tiempo, algo más que una forma de gobierno sempiterna, forjada en la Historia, indisponible por parte del común de los mortales, profundamente enraizada en el espíritu político de esos seres y de esas tierras. La Monarquía es más que eso, es más que el entrelazamiento tradicional de personas públicas y privadas, corporaciones, provincias y territorios alrededor del monarca: es la definición misma de la esencia política hispánica. Es su alma porque lo ha sido desde tiempos remotos. La Constitución lo es de la Monarquía porque esa Monarquía es la única forma constitucionalmente posible y viable a la vista del expediente histórico que España tiene tras de sí. La Constitución es, se puede concluir, la Monarquía misma y no puede ser de otra forma sin quebrar el tracto histórico y pervertir el espíritu de la comunidad política. Si se opta por otra forma política, España desaparecería como tal. Arrancaría la existencia de otra cosa diferente. Surgiría otro sujeto histórico ya no español, algo distinto y, como distinto, imprevisible, fuera de control, fuera de los cauces que la Historia ha trazado para delimitar las fronteras del poder político con ciertas dosis de regularidad, mesura y orden. Ésta es la parte basilar de la Constitución, sin la cual el texto mismo ni remotamente puede llegar a ser comprendido en su conjunto. Lo que se hace en Cádiz es un tipo de Constitución, dirigida a un sujeto concreto (la Monarquía). Pero, ¿qué Constitución aflora realmente en esos años? ¿Qué se discute? ¿Por qué se lucha exactamente, si es que se lucha por algo? Debemos mirar al inmediato pasado gaditano para comprender lo que allí se experimenta.

La clave esencial estriba en la perspectiva con la que se debe examinar el complejo material forjado entre 1810 y 1812, ese mundo del ayer que se evaporaba ante los ojos de los contemporáneos, que se desvanecía de modo evidente e irremisible para los coetáneos, quienes decidieron unir fuerzas para pactar una suerte de disolución ordenada y paulatina de lo pretérito, una continuidad agotada o en trance de estarlo, y así crear, idear o imaginar otro universo, para todo lo cual emplearon y ensamblaron muchas piezas, materiales, instrumentos y elementos tomados de ese mismo ayer que se estaba precipitando hacia su desaparición, es decir, que procedieron a construir un cosmos en apariencia nuevo a partir de los residuos, restos y reminiscencias que quedaban del antiguo, del único que conocían en profundidad, dando como producto algo que no puede ser calificado, en puridad, como una cosa, ni tampoco como la otra. Cádiz es un mundo exótico que se muestra ante nosotros como algo remoto, lejano, extraño: aparece un ser sin tiempo que tendría muchas dificultades para adscribirse a una era, la que se cerraba, o a otra, la que comenzaba a abrirse. El mundo gaditano gira en torno a esta singular dualidad de planos temporales que se acercan, se tocan, se distorsionan, y, en cierta medida, también se confunden. Pasado y presente se dan la mano porque el horizonte constitucional fue construido sin marcar cesuras con el pasado más inmediato o más remoto, sin cancelación alguna de ese pasado, sin ruptura con el mismo (lo acredita la inexistencia de alguna cláusula derogatoria en el texto doceañista, cláusula que cancelase el pasado de forma contundente), sino trabando un fructífero diálogo con aquél, invitándolo a incorporarse a la experiencia constitucional que, con nueva forma, método y sistema, comenzaba a caminar en septiembre de 1810. Toda la obra legislativa de Cádiz debe ser contemplada desde este prisma: pasado y presente imbricados, entroncados, fundidos, o confundidos, dando pie a una relación abierta y natural, cotidiana si se quiere, entre el hoy y el ayer, entre 1812 y los tiempos góticos, medievales, modernos o los inmediatamente anteriores del despotismo regio y, sobre todo, ministerial: el Derecho del pasado seguía siendo Derecho del presente. Las bases eran las mismas. Eso era lo usual. El ayer todavía era el hoy. Así funcionaba el orden jurídico del Derecho Común, es decir, un ordenamiento tradicional, teológico, jurisprudencial, abierto, plural, acumulativo y sedimentario, posibilista, tópico él mismo y lleno de tópicos.

Si no hay pasado, ni presente jurídicamente hablando, si todo el Derecho antiguo es y está al mismo tiempo, con independencia de la época de su gestación, si no se derogan piezas de este mosaico, sino que se prefieren o se superponen en algunos casos unas a otras, sin que esto llegue a conformar reglas generales o pautas universales de actuación, si nada se tira o se pierde en ese mundo jurídico, puesto que todo forma parte del mismo orden prescriptivo y acumulativo, de tipo tradicional y sedimentario (compuesto de varios elementos, ligados a una visión teológica del mundo que nunca llega a desaparecer), orden plural, con muchos componentes implicados, de textura abierta e incierta, sometido al cálculo de probabilidades aplicativas que determinen los juristas, los jueces o los reyes, si este orden descrito, repetimos, es el dominante en la España del Antiguo Régimen, no podemos, ni debemos bajo ningún concepto, contemplar la labor iniciada en 1810 con la óptica positivista, legalista y estatalista de lo que vino después, sino todo lo contrario. El paradigma legislativo puro y sus connotaciones adyacentes no nos sirven para operar en esta realidad opuesta. Hay que esforzarse en comprender lo que sucedía antes y ver cómo ese antes condicionó lo que se hizo ulteriormente. Si tenemos todo esto en cuenta (sobre todo, la falta de aislamiento entre pasado y presente, sino, antes bien, su coexistencia más o menos pacífica, la perduración de todo el orden jurídico y su recuperación por medio de la mejora o corrección del mismo, en una suerte de eterno-retorno jurídico), la visión de la Constitución de 1812 ha de cambiar de forma clara y notoria. No es un Constitución nueva la que allí se presenta. Es una Constitución antigua, histórica, tradicional, de raíces consuetudinarias en última instancia, construida con retales del pasado, con dispositivos e instituciones tomados del mundo pretérito que parecía disolverse. Una Constitución que carece de cláusula derogatoria porque no estaba en condiciones de, ni tenía el poder suficiente para cancelar el caudal histórico que la nutría y la definía. Lo que se hace – y así lo dicen sus protagonistas de modo reiterado y concluyente, especialmente en el célebre Discurso Preliminar elaborado por la Comisión constitucional que redacta el proyecto de Constitución en 1811 – es afirmar instituciones y leyes antiguas, recuperarlas, fortalecerlas, y asegurar la aplicación del modelo monárquico y católico que venía existiendo en España desde tiempos medievales, dándoles a todas ellas una nueva sistemática que facilitase su reconocimiento y evitara su posible ocultación o ambigüedad de cara al inmediato futuro. El pasado no sólo es fuente de poder y de institutos; es modelo de lo que se tiene que hacer para eludir los peligros de la degeneración que se había dado en tiempos modernos. Por eso, el pasado es útil: porque es fuente donde se encuentra todo lo que debe existir, y, al mismo tiempo, es enseñanza que previene frente a posibles desvíos. Las piezas varias que integran Cádiz no son invención de las Cortes, ni de sus diputados; son creación de la Historia, son piezas más o menos identificadas en el pasado y con el pasado, lo que conduce a Dios como depositario último de todas las esencias constitucionales primarias, como creador del marco político al que ahora sus criaturas están dando un nuevo orden. Pensemos en el inicio del texto gaditano que, empleando una fórmula de promulgación típica del Antiguo Régimen, habla de un rey, Fernando VII, que lo es por la gracia de Dios, antes que por la gracia de la Constitución, lo cual viene después, y la jerarquía no es pacífica, ni neutral, sino plena de significación jurídica y política: el rey es la máxima autoridad terrena, pero debe su poder indiscutiblemente a ese Dios todopoderoso, “Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad”. Por medio de la Historia, de la que bebe la Constitución, hemos llegado a la Teología que es la que funda el orden político-jurídico, el orden constitucional resultante, más que querido, aceptado por los hombres que integran la Nación y, con ella, la Monarquía. Es una suerte de canto del cisne del Antiguo Régimen, en donde ese modelo político obsoleto y criticado tiene la suficiente capacidad y el suficiente arrojo como para condicionar el resultado normativo producido con el propósito de hacer perdurar esquemas viejos envueltos aparentemente en nuevas palabras y en nuevos conceptos, que de inmediato se quieren envejecer por motivos pragmáticos y de legitimidad. En vano. Tales palabras y tales conceptos no innovan en absoluto, sino que se reconocen en lo pretérito. El orden jurídico del que se formaban parte no era algo monolítico, intocable, inmodificable e inmanejable. El Derecho del Antiguo Régimen procedía a evolucionar también, no obstante su origen divino, esto es, su perfección ínsita, a través de mecanismos internos de auto- o de regeneración, a partir de sus propios elementos consustanciales, que implicaban la suma, la adición, nunca la resta o la desaparición (salvo casos excepcionalmente justificados por causa de pública utilidad o de necesidad) de elementos jurídicos para que se imbricasen en el complejo orden coral ya construido. Todo estaba creado. Restaba al hombre simplemente el descubrimiento de ese Derecho, la mejora de esa creación divina, o bien la corrección de las impurezas que la actividad humana hubiera podido introducir en el plan de Dios. Así se efectúa en el proceso que conduce a Cádiz: de lo antiguo se pasa a lo antiguo mínimamente reformado, enmendado, corregido o mejorado, que aparenta ser nuevo, sin llegar a serlo en su totalidad. Lo pasado se somete a un proceso de recomposición. Nada se pierde en el camino; nada se omite; nada se destruye o se desecha; nada se cambia en lo sustancial. Todo permanece bajo otras palabras, bajo otras rúbricas o en otras sedes. Se refuerza, en todo caso, su existencia para, de esta forma, asegurar una persistencia que permita cumplir con el espíritu de los nuevos tiempos y evitar las derivas tiránicas de épocas anteriores. Y así se hace ciertamente, así se actúa. Recuperar y garantizar la pervivencia de lo recuperado. El pasado invade, pues, el presente de un modo indiscutible. No hay, por lado alguno, horizonte de expectativas o de futuro, sino espacios pretéritos de experiencia en la reconstrucción política perseguida.

Cádiz y su obra normativa, Constitución incluida, han sido contemplados desde el prisma distorsionador del romántico siglo XIX y desde la atalaya de los historiadores  y de la historiografía liberales. Estos investigadores, fieles a este adjetivo que los definía, querían ver en Cádiz el origen lógico del régimen en el que estaban viviendo, por lo que no dudaron en transformar el rotundo fracaso doceañista en exitoso y productivo mito revolucionario liberal. Al mismo tiempo, cargaban las tintas sobre el Antiguo Régimen, al que no dudaron en desdibujar hasta extremos grotescos que lo hacían de todo punto irreconocible, caricaturizándolo antes que describiéndolo. Ni la Constitución fue culminación liberal de nada, ni el Antiguo Régimen fue el caos despótico y arbitrario que nos quisieron hacer creer. Se quiso ver en Cádiz el manantial de la ideología que señoreó España la mayor parte del siglo XIX. Con esta óptica interesada y parcial, no sorprende que la mayor parte del credo liberal, moderado en su mayoría, pero también con incrustaciones progresistas y demócratas, fuese retrotraído a los inicios del siglo XIX como pieza integrante de un ideario primigenio que ya presentaba unos perfiles perfectamente definidos y consolidados en su primera manifestación escrita. En esta visión distorsionada, se halla el pecado de la precomprensión gaditana que lleva a tildarla como Constitución liberal y democrática, cuando sustantivo y adjetivos tienen difícil encaje y armonización en esos tiempos, en esas mentalidades y en esas latitudes. La Constitución aprobada el 19 de marzo de 1812, luego difundida, recibida y jurada en todos los territorios de la Monarquía Hispánica, es algo que difícilmente puede ser reputado como un texto auténticamente constitucional, revolucionariamente constitucional si se permite la expresión, bajo prisma moderno, en el sentido de ver en aquélla una norma escrita sólidamente racionalizada, fundada en una serie de valores procedentes de la naturaleza y formulados por medios racionales, valores abstractos que conformaban verdades evidentes por sí mismas, fruto real, efectivo e indiscutible de un poder constituyente que obrase como tal, con la más absoluta de las libertades a la hora de establecer un orden político que respondiese a las únicas orientaciones, expectativas y deseos de la Nación soberana que se hallaba en su base, sin coacciones, ni condicionantes o imposiciones de ninguna clase o medida, ni regios, ni históricos, ni religiosos, ni derivados de la tradición. No es así una Constitución moderna, si por tal entendemos una Constitución racional y normativa, fruto puro de la razón abstracta y con fuerza vinculante absoluta, derivada de la máxima expresión volitiva del sujeto que quiere crearla y que quiere darse, a través de ella, un orden político nuevo, libre, global, completo, sin ataduras. Frente a la Nación, naciente y libre, y a la Razón constitucionalizada, arquitecta del sistema en su conjunto y con amplias cotas de novedad, Cádiz opone Historia y Dios como poderosos y exclusivos factores constituyentes, derivados de un duro y rocoso caparazón católico que impedía difusiones más allá de sus fronteras, pero, al mismo tiempo, evitaba contaminaciones externas. Esto es: frente a un constituyente avant la lettre, se erige una Historia que lo es por encima de todas las cosas y una Divinidad que lo reclama para sí por su carácter indiscutiblemente necesario, nunca contingente. Y esto es así por el peso de la Ilustración hispánica (Jovellanos puede ser su paradigma), reformista antes que revolucionaria.

La mentalidad ilustrada suponía contemplar el pasado como tabla de salvación, como mito tangible donde todo se encontraba en perfecto estado y al que el paso del tiempo y ciertas traiciones a un espíritu nacional sempiterno habían corrompido, por lo que era precisa una labor de depuración y de limpieza en varios frentes (político, histórico, filológico, etc.), un proceso nunca constituyente, sino, a lo sumo, reconstituyente o reformista con mayores o menores intensidades, mas sin llegar a prescindir de los pilares esenciales sobre los que se había asentado todo cuanto éramos y todo cuanto teníamos que seguir siendo. Se buscaba, antes que nada, una regeneración de la Monarquía con todos los rasgos que la definían, una reparación, resurrección o refacción de la misma, pero sin que ésta fuese eliminada del panorama político-jurídico. La Monarquía tenía que ser recuperada en su versión más pura, para luego ser ajustada a los nuevos tiempos y apuntalada con dispositivos que asegurasen su pervivencia milenaria. Y con la Monarquía iban anexos toda una serie de elementos de ella derivados y con ella fuertemente integrados, indispensables para asentarla y asegurarla en el sentido indicado. Debemos, pues, ponernos la gafas de 1812 para observar con todo lujo de detalles lo que en esa fecha tan señalada se estaba pergeñando para el destino inminente de la Monarquía hispánica. Había un credo político común compartido por todos los prohombres y diputados gaditanos y sobre aquel corpus heteróclito iban a pensar el mundo constitucional que querían reinstaurar.

Si nos atenemos a las premisas expuestas con anterioridad, la novedad más relevante que se puede detectar es la ausencia de un autentico poder constituyente en las Cortes Generales y Extraordinarias, inauguradas en septiembre de 1810, como poder originario, ilimitado y autóctono residenciado en la Nación (sí lo está, por el contrario, en la Historia y, por extensión, en Dios como fundador de aquélla), de lo cual se deriva la imposibilidad de calificar a la Constitución de 1812 como auténtica Constitución moderna, consecuencia de la suma de varias imposibilidades. La imposibilidad, en primer lugar, de una Nación al estilo plenamente liberal (esa conjunción de ciudadanos libres e iguales, ese conglomerado preestatal dotado del poder irrestricto que comporta la soberanía para organizar cómo debería ser ese Estado, posterior y artificial: falta una sociedad civil plenamente libre, igual y democrática), que debe reducirse y contentarse a la presencia de una Nación al estilo literario del Antiguo Régimen, dominada por las elites religiosas, militares y jurídicas, es decir, una Nación que no es libre, ni igual, ni fundada en el valor capital del individuo, sino integrada por cuerpos ancianos, partes varias de un mapa político heterogéneo, con gremios y corporaciones que silenciaban a las personas, nunca compuesto de ciudadanos plenos, ausentes en las grandes decisiones que allí se adoptan. De ahí se sigue la imposibilidad de una auténtica soberanía nacional debido a lo anterior (esa Nación no lo puede todo porque es una entidad capitidisminuida en lo teórico y difícilmente rastreable en la realidad práctica de unas elecciones que ni fueron generales, ni incluso fueron elecciones, una Nación que no puede maximizar esa soberanía de la que se dice investida por causa de mediaciones históricas restrictivas), con la sombra omnipresente de ese monarca que subyace en cada una de las líneas de los debates y de los artículos constitucionales, lo cual nos conduce hacia una suerte de soberanía cooperativa, compartida, fragmentada, pero no a una soberanía exclusiva de la Nación. Finalmente, derivado de los dos puntos anteriores, la imposibilidad de una libertad absoluta de los diputados, derivada de las singulares formas de representación actuadas, para trazar el guión del futuro sin ataduras con el pasado y sin atreverse a romper con los legados más significativos que ese pasado traía consigo (algunos ya mencionados: la forma monárquica, los territorios, la religión católica, las Cortes mismas), dado que Cádiz no cancela para nada el pasado, sino que se apoya e impulsa en el mismo para conseguir sus propósitos. Es una Constitución que se redacta con las puertas abiertas al ayer y a todo lo que el ayer significaba, que no lo depura más que en mínimas fracciones, sino que, mayormente, lo constitucionaliza y lo incorpora a su articulado, con correcciones, mejoras y reformas mínimas, dirigidas a perpetuar ese legado pretérito por toda la eternidad, a hacerlo efectivo, vigente e inatacable para que pudiera superar crisis tan duras como las que se estaban viviendo desde marzo de 1808. Hay que mantener ese entramado de la Monarquía y no trastornarlo, ni alterarlo en la medida en que se pueda. Eso es lo que se hace desde 1810 y culmina en el mes de marzo de 1812. En ningún instante, como aconteció en Francia con la revolución, hay intento alguno por parte de los redactores de hacer tabla rasa del pasado, de erradicarlo, de enviarlo al pozo de la Historia, de enumerar todo aquello que ya no habría nunca más en España, de explicitar un efecto derogatorio que brilla por su ausencia y justifica lo que ahora diremos. No hay en el caso hispánico intención de marcar una cesura histórica con mayúsculas, de romper con el ayer: al contrario, todo lo que figura en el articulado o sus piezas más relevantes y esenciales (forma de gobierno, ciudadanía, religión, organización territorial, potestades, etc.) figura por el peso específico e indiscutible de la Historia a la que no se podía renunciar de ninguna de las maneras posibles, a la que no se podía combatir bajo el riesgo de dejar de ser todo aquello que históricamente había singularizado a España como Monarquía y como Nación. La Historia dicta el guión de la Constitución y ningún poder puede oponerse a la misma. El pasado es el que hace el presente y en él, en ese mundo remoto, se puede reconocer todo precepto constitucional. Es un espejo y es un modelo. Si España quería ser algo en esas horas inciertas de 1812, tenía que serlo con, desde y a partir de la Historia, nunca a sus espaldas, nunca jamás sin contar con ese flujo incesante procedente de tiempos remotos. Lo contrario habría supuesto el suicidio político como comunidad.

Sin poder constituyente, esto es, sin una Nación libre que decide ponerse en movimiento para articular la soberanía como depósito de todo el poder público concentrado y llevarla así a su máxima expresión, a su más alta capacidad de decisión, sin un poder capaz de actuar al margen o careciendo de vínculos imperativos y directos con el pasado más que aquellos que libremente se deciden asumir y conservar, sin un poder de esta naturaleza capaz de crear todo lo nuevo y de destruir todo lo antiguo, decíamos con anterioridad, no podremos encontrar resto alguno de Constitución por ninguna parte y en ninguna de las direcciones en las que nos movamos. La Constitución, en su acepción moderna, está ausente porque adolece del autor que toda Constitución ha de tener, y porque carece de los elementos mínimos que le sirven como criterio de homologación respecto a sus coetáneas estadounidenses y francesas. Resumiendo: no pretendamos buscar o ver en Cádiz ninguna Constitución porque Cádiz no nace como resultado de proclamación volitiva de poder constituyente alguno, un poder concebido ya al estilo de lo que ordenaban los cánones de los movimientos revolucionarios que habían triunfado en el siglo anterior, tanto en las colonias americanas como en la vecina Francia, otorgando al pueblo, en el primer caso, y a la Nación, en el segundo, la efectiva y más completa capacidad de determinación para la organización del poder político y del estatuto de los ciudadanos. Hubo en aquellos lares un poder constituyente capaz de romper con el pasado, capaz de marcar la frontera entre el ahora y el ayer, que enviaba al depósito de la Historia todo lo que ese pasado había supuesto sin posibilidad de regreso en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Era ese poder constituyente, tanto el americano como el francés, capaz de escribir un texto rotundamente nuevo que marcaba un antes y un después, que ponía puertas al tiempo para determinar lo que valía o lo que no valía, lo que era novedoso y útil, frente a lo antiguo e inútil, un texto que trazaba una clara separación entre el nuevo mundo constitucional y el viejo orden feudal, el cual pasaba a ser derrumbado, obviado y aniquilado, pasaba a ser histórico, es decir, no vigente y, por tanto, irrelevante desde la perspectiva jurídica y política. Fuera de la Constitución así concebida, tal y como hicieron americanos y franceses, sólo había antigüedades, ruinas, materiales de desecho, productos que debían ser abandonados y erradicados. Los tiempos que inauguraban las nuevas Constituciones eran, en efecto, tiempos nuevos porque abrían nuevos caminos de cara al futuro y sepultaban el pasado de una vez por todas.

Por tales motivos, Cádiz no es, no puede ser jamás reputada como un fruto de la razón abstracta, como un producto del racionalismo iusnaturalista, como ejecutoria de una autoridad política absoluta (ya la Nación, ya la Monarquía con su rey a la cabeza, ya su confluencia coordinada), sino, más bien, todo lo contrario: fruto de la razón histórica, esa razón que vive por y para el pasado, con el propósito de convertir al hombre en autorizado heredero de sus ancestros; producto de un historicismo de corte tradicional, basado más que en aquellas Constituciones al estilo revolucionario ya descritas en aquellas otras Leyes Fundamentales, profundamente enraizadas en las estructuras políticas del ayer que definieron los límites del poder soberano casi absoluto y lo justificaron en todo su esplendor; y ejecutoria de un pasado que ejercía una influencia incontestable sobre el presente, incapaz de separarse de aquél, dado que en su seno contenía su esencia política indestructible. Cádiz no crea Constitución auténticamente novedosa; efectúa una reordenación de las Leyes Fundamentales del Antiguo Régimen, es decir, una revisitación o recomposición de los principios esenciales sobre los que se sustentaba la Monarquía Católica Hispánica, sin que se diese pie a la aparición de un poder originario, radical, drástico y omnímodo. En 1812, se procede a una recuperación, reinstauración y relectura del pasado hispánico (no solamente castellano), en clave de resurrección político-jurídica de todo aquello que había existido en tiempos remotos de plena felicidad constitucional y que, por distintas causas y azares, se había perdido en el tiempo.

No hay creación sin tradición. Los clásicos lo comprendieron bien cuando trazaron una línea de clara separación entre la traditio y la imitatio. Lo nuevo es, en realidad, la nueva forma de conjugar todo aquello que precede; es la forma específica que cada tiempo tiene de enfrentarse, de leer, de comprender y de interpretar lo pretérito común. La novedad no es más que una versión retomada del pasado. Los acontecimientos constitucionales gaditanos parecen dar la razón a este último aserto. Se equivocaba F. Tomás y Valiente cuando explicaba el momento gaditano como el paso de muchas Leyes Fundamentales a una sola Constitución, afirmando, pues, la vigencia de una práctica constituyente: lo que hubo, en realidad, fue el tránsito de muchas Leyes Fundamentales a otras tantas Leyes Fundamentales (esencialmente las mismas), pero ya recogidas en un solo texto, mejor ordenados y clarificadas, y con importantes ajustes institucionales para su salvaguardia. La pretendida cabeza moderna apenas tenía las fuerzas necesarias e indispensables para regir los destinos de ese cuerpo esencialmente gótico, que era el que, al final, acabó por dirigir toda la maquinaria política, todo el sistema reconstituido. No hubo, no pudo haber, Constitución moderna, pero sí Constitución histórica, es decir, Historia puesta al servicio del poder ya configurado, ya constituido, ya dado, ya contrastado por la experiencia, sin rastro alguno de poder constituyente, incompatible con el ideario ilustrado que estaba en la base del legado gaditano.

Ciudad Universitaria, Madrid, abril de 2013.

 

 

 

Cursos de Verano: “La cultura escrita del exilio español”

Cursos de Verano: “La cultura escrita del exilio español” – Del 7 al 9 de julio de 2014 – Universidad de Alcalá de Henares (Madrid)

INSCRIPCIÓN

http://www.ugt.es/fflc/actividades/14-07-07-curso-verano/14-07-07.htm

Información y contacto

Secretaría de Extensión Universitaria
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales
Colegio de los Basilios
. Callejón del Pozo, s/n
(esquina c/ Colegios, 10) 28801 Alcalá de Henares

Teléfonos: 91 885 4157 / 4090 / 4693

Correo-e: cursos.extension@uah.es

Organizan

▪ Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales

Patrocinan

▪ Fundación Francisco Largo Caballero

▪ Seminario Interdisciplinar de Estudios sobre Cultura Escrita (SIECE)

▪ Grupo de Investigación LEA (Lectura, Escritura, Alfabetización)

Colabora

▪ Fundación General de la Universidad de Alcalá

 

MANIFESTACIÓN REPUBLICANA – MADRID 14 ABRIL 2014

Demonstration In Madrid against monarchy  

For a Third Spanish Republic!

LUNES 14 DE ABRIL – 19:30  MADRID CIBELES => SOL

cartel 14 abril ok

Proclamas Republicanas:

•14 de abril, los Borbones a Estoril!/ •Ola, Ola, Ola, República Española!/ •Bota, bota, bota, monarquía a la picota!/ •El clamor popular, República Federal!/ •Basta de gorrones, fuera Borbones!/ •Los Borbones confiscados, y sus millones pa´ los parados!/ •Lo pide el pueblo, lo quiere la gente, referéndum monarquía y nueva constituyente!/ •Ya llegó la hora, República Española!/ •Que se vayan como han venido, y sus millones intervenidos!/ •Jaque mate, jaque mate, jaque mate!/ •Referéndum, referéndum, referéndum!/ •Con Urdangarín, la monarquía llega a su fin!/ •Ni corona ni herederos, la democracia somos el pueblo!/ •Democracia coronada, democracia envenenada!/ •Democracia coronada, democracia secuestrada!/ •El trono va a temblar, va temblar, va temblar; aquí llega Babar, llega Babar, llega Babar!/

¡PÁSALO!

 

MANIFESTACIÓN REPUBLICANA – MADRID 12 ABRIL 2014

Demonstration In Madrid against monarchy 

For a Third Spanish Republic!

SÁBADO 12 DE ABRIL – 19:30  MADRID CIBELES => SOL

MANI COORD. 2

Proclamas Republicanas:

•14 de abril, los Borbones a Estoril!/ •Ola, Ola, Ola, República Española!/ •Bota, bota, bota, monarquía a la picota!/ •El clamor popular, República Federal!/ •Basta de gorrones, fuera Borbones!/ •Los Borbones confiscados, y sus millones pa´ los parados!/ •Lo pide el pueblo, lo quiere la gente, referéndum monarquía y nueva constituyente!/ •Ya llegó la hora, República Española!/ •Que se vayan como han venido, y sus millones intervenidos!/ •Jaque mate, jaque mate, jaque mate!/ •Referéndum, referéndum, referéndum!/ •Con Urdangarín, la monarquía llega a su fin!/ •Ni corona ni herederos, la democracia somos el pueblo!/ •Democracia coronada, democracia envenenada!/ •Democracia coronada, democracia secuestrada!/ •El trono va a temblar, va temblar, va temblar; aquí llega Babar, llega Babar, llega Babar!/

¡PÁSALO!